Ante los hechos de violencia que cobraron la vida del exedil de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, el Gobierno del Estado, en coordinación con fuerzas federales, anunció un despliegue masivo de seguridad para recuperar el control territorial en esta zona colindante con el estado de Guerrero.
Tras calificar el crimen como un "hecho grave que no quedará impune", las autoridades estatales confirmaron que la Fiscalía General del Estado ya lidera las investigaciones bajo líneas claras para identificar y capturar a los responsables.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, aseguró que el repunte de la violencia en la región se atribuye a la incursión de células delictivas provenientes de Guerrero, las cuales han intentado desestabilizar la comunidad.
Como resultado de las primeras acciones contundentes, elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) lograron la detención de presuntos criminales y el decomiso de un importante arsenal de armas de grueso calibre, material que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional.
El encargado de la política interna recordó que se mantiene vigente un convenio marco de seguridad interestatal con el estado vecino para frenar la movilidad de estos grupos delictivos.
En el operativo implementado recientemente participan activamente el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, cuyos efectivos patrullan la zona con la instrucción precisa de blindar a la población y garantizar la permanencia institucional.
"Queremos decirle a la población de Cacahuatepec con claridad que no está sola; el Estado está presente y actuando. Habrá presencia y, sobre todo, permanencia para recuperar la tranquilidad", enfatizó.
Finalmente, exhortó a cualquier servidor público que detecte amenazas a recurrir de inmediato a la Secretaría de Gobierno o a la Fiscalía General del Estado para activar las medidas cautelares y de acompañamiento policial necesarias para proteger su integridad física y la de sus familias.
