Hay ciudades que convierten sus plazas públicas en vitrinas culturales. Otras las transforman en espacios de convivencia democrática. Oaxaca, en cambio, terminó acostumbrándose a que el corazón político y turístico de la capital sea también un territorio recurrente de ocupación, tensión y desgaste social.
El plantón magisterial en el zócalo de Oaxaca de Juárez no nació como capricho ni como acto espontáneo de desorden. Surgió, a finales de los años setenta e inicios de los ochenta, como un mecanismo de presión de maestros rurales marginados por un sistema profundamente desigual. En aquel momento existían razones legítimas: salarios precarios, abandono institucional, escuelas sin infraestructura y un sindicalismo oficial subordinado al poder político.
Muchos docentes provenientes de regiones indígenas viajaban durante horas —o días— para llegar a la capital. Instalarse en el zócalo era una forma de obligar al gobierno a mirar territorios históricamente ignorados. El campamento era, entonces, símbolo de resistencia social.
El problema es que Oaxaca terminó convirtiendo la excepción en rutina.
Con el tiempo, el plantón dejó de ser únicamente una herramienta de protesta y se volvió parte estructural del calendario político estatal. Cada año, la amenaza de ocupación del centro histórico aparece como un fenómeno previsible, casi institucionalizado. Y cuando una protesta deja de ser extraordinaria para convertirse en costumbre, pierde parte de su fuerza moral y comienza a erosionar el tejido social que originalmente decía defender.
La Sección 22 del SNTE y la CNTE construyeron durante décadas un enorme poder político en Oaxaca. Un poder capaz de doblar gobiernos, paralizar la capital, influir en reformas educativas y condicionar decisiones públicas. Pero junto con esa capacidad de movilización también creció una cultura de presión permanente donde la radicalización terminó sustituyendo muchas veces al debate educativo de fondo.
Porque conviene decirlo con claridad: el gran drama de Oaxaca es que después de más de cuatro décadas de protestas, bloqueos, marchas y plantones, el sistema educativo sigue mostrando enormes rezagos.
Las cifras son demoledoras. Oaxaca continúa apareciendo entre los estados con mayores índices de pobreza, rezago educativo y abandono escolar. Miles de escuelas carecen todavía de infraestructura digna, acceso pleno a internet, laboratorios o servicios básicos. La discusión pública rara vez gira alrededor de cómo mejorar matemáticas, lectura o ciencia; el conflicto suele centrarse en negociación política, control sindical y disputa de poder.
Y ahí radica una de las contradicciones más incómodas del movimiento magisterial oaxaqueño: su enorme capacidad de movilización no siempre se ha traducido en una transformación educativa proporcional.
Eso no exime de responsabilidad al Estado mexicano. Al contrario. Los distintos gobiernos —federales y estatales— también alimentaron este modelo de crisis cíclica mediante pactos de conveniencia, simulación política y negociaciones de corto plazo. Durante años fue más fácil administrar el conflicto que resolverlo. Se negoció presión con privilegios, gobernabilidad con concesiones y estabilidad temporal con impunidad mutua.
El resultado es una ciudad atrapada entre dos narrativas irreconciliables.
Por un lado, quienes consideran el plantón un derecho legítimo de protesta frente a un Estado históricamente incumplido. Por el otro, comerciantes, trabajadores, ciudadanos y sectores turísticos que observan cómo el centro histórico se convierte recurrentemente en espacio de confrontación, pérdidas económicas y deterioro urbano.
Ambas visiones contienen verdad.
Porque sí: protestar es un derecho democrático fundamental. Pero también lo es el derecho colectivo a la movilidad, al trabajo y a la convivencia pública. El problema aparece cuando ninguna de las partes está dispuesta a reconocer los costos humanos que genera la prolongación indefinida del conflicto.
Y Oaxaca ha pagado una factura altísima.
La crisis de 2006 marcó el punto más extremo. El intento de desalojo ordenado por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz detonó una insurrección social que dejó muertos, desaparecidos, persecución política, colapso económico y una fractura institucional cuyas secuelas todavía sobreviven. Aquel episodio convirtió al zócalo no solo en símbolo de protesta, sino también en recordatorio de la incapacidad del Estado para procesar el conflicto social sin violencia.
Diecinueve años después, Oaxaca parece atrapada en un ciclo que nadie se atreve a romper por completo.
Los gobiernos temen el costo político de confrontar al magisterio. El magisterio teme perder capacidad de presión si abandona las calles. Y mientras ambos administran el conflicto, generaciones enteras de estudiantes siguen recibiendo una educación marcada por interrupciones constantes, paros y confrontaciones que terminan normalizándose.
Quizá la pregunta más incómoda ya no sea si el plantón tiene legitimidad histórica. La verdadera pregunta es si Oaxaca puede seguir construyendo su vida pública alrededor del conflicto permanente.
Porque ninguna sociedad puede aspirar a un futuro sólido cuando la crisis deja de ser excepción y se convierte en identidad política.
