Ayer, la sesión avanzó entre discursos sobre austeridad, control del gasto y la necesidad de “modernizar” la vida pública en Oaxaca. Con 38 votos a favor, la LXVI Legislatura local aprobó una reforma a la Constitución estatal para armonizar las nuevas reglas electorales impulsadas desde el gobierno federal dentro del llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el salón de plenos, Morena y sus aliados defendieron los cambios como parte de una nueva etapa de disciplina presupuestal y paridad sustantiva; la oposición, aunque respaldó algunos puntos, advirtió sobre la necesidad de mantener contrapesos y transparencia en el ejercicio del poder.
La reforma modifica diversos artículos de la Carta Magna local y fija nuevas reglas para el funcionamiento de instituciones y ayuntamientos. Entre los cambios más relevantes está el límite al presupuesto anual del Congreso del Estado, que no podrá rebasar el 0.70 por ciento del gasto total de Oaxaca. Sin embargo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Tania Caballero Navarro, insistió en que el Poder Legislativo ya opera por debajo de ese techo, con apenas el 0.44 por ciento del presupuesto estatal, por lo que aseguró que no habrá incrementos disfrazados bajo el nuevo margen legal. “La austeridad no es discurso, es una práctica que ya existe en Oaxaca”, sostuvo desde tribuna.
El nuevo diseño también redefine la estructura de los gobiernos municipales: cada ayuntamiento tendrá una presidencia municipal, una sola sindicatura y un máximo de 15 regidurías. La intención, según los legisladores que impulsaron la iniciativa, es reducir estructuras excesivas y garantizar criterios obligatorios de igualdad sustantiva y paridad de género en la integración de los cabildos. Para Morena y el PT, la reforma busca terminar con privilegios heredados de administraciones anteriores; para Movimiento Ciudadano, representa una oportunidad para hacer más eficiente el servicio público.
En el debate aparecieron matices. El priista Javier Casique Zárate respaldó la necesidad de revisar el gasto, aunque pidió no perder de vista el equilibrio de poderes ni la transparencia institucional. Mientras tanto, desde la mayoría legislativa se insistió en que Oaxaca debe alinearse a los tiempos políticos nacionales antes del plazo fijado por la Federación para mayo de 2026. Afuera del recinto, el mensaje parecía claro: el discurso de austeridad llegó para quedarse, aunque la discusión sobre sus verdaderos alcances apenas comienza.
