El conflicto social no es una anomalía del sistema. Es la prueba de que el sistema sigue vivo, tensionado por intereses antagónicos y disputas de poder permanentes. La sociología política lleva décadas explicándolo: ningún orden se mantiene intacto sin conflicto; pero tampoco toda resistencia logra transformarse en fuerza histórica real. En el caso del sindicalismo magisterial disidente mexicano, particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la pregunta ya no puede seguir ocultándose: ¿Después de 47 años, estamos frente a un movimiento en avance… o ante una resistencia atrapada en un ciclo de interminable desgaste?
Más allá de filias, fobias, consignas y nostalgias militantes, el balance obliga a una revisión incómoda. Mientras la CNTE conserva legitimidad simbólica como referente histórico de oposición al corporativismo sindical, sus resultados estructurales muestran un crecimiento lento, desigual y, en algunos casos, claramente regresivo. El dato duro es demoledor. Desde 1979 hasta 2026, la CNTE apenas mantiene control pleno en tres secciones sindicales: la 7 de Chiapas, la 22 de Oaxaca y la 34 de Zacatecas. El resto del mapa nacional permanece bajo dominio institucional o bajo esquemas de coexistencia conflictiva, fragmentación interna o dirigencias paralelas. Es decir: después de casi medio siglo de lucha, el sindicalismo institucional continúa controlando aproximadamente el 95% de las estructuras directivas del SNTE.
La pregunta entonces deja de ser romántica y se vuelve estratégica: ¿Qué ha fallado? Los costos están a la vista. Y son enormes. La insurgencia magisterial ha enfrentado ceses, descuentos salariales, persecución política, encarcelamientos, campañas mediáticas y asesinatos. Gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas han coincidido en algo fundamental: contener, administrar o desgastar a la CNTE. Pero el Estado no es el único responsable. También existen errores internos severos. La CNTE ha padecido fracturas permanentes entre radicales y reformistas, disputas de corrientes, liderazgos facciosos, incapacidad de expansión territorial y una preocupante dificultad para construir mayorías sindicales nacionales duraderas. La experiencia de Michoacán resulta emblemática. La sección 18, conquistada como bastión democrático en los noventa, terminó convertida en un archipiélago de fracciones enfrentadas. Hoy coexisten grupos que se disputan siglas, legitimidades y representación, mientras la capacidad real de conducción política se disuelve.
Algo similar ocurre en otros estados donde la Coordinadora existe más como identidad testimonial que como fuerza sindical efectiva. Y sin embargo, pese a todo, la CNTE sigue viva. ¿Por qué? Porque el sindicalismo institucional tampoco logró resolver las demandas profundas del magisterio. La precarización laboral continúa, el USICAMM se convirtió en nuevo aparato burocrático de control administrativo y la llamada “revalorización docente” terminó reducida a discurso sexenal reciclado. Los incrementos logrados son ridículos, La paradoja es atroz: la CNTE resiste…pero no crece sustancialmente. El SNTE conserva estructura…pero descuida su legitimidad histórica que se erosiona día a día. Y en medio de ambos, millones de docentes sobreviven atrapados entre burocracias sindicales, reformas laborales inconclusas y gobiernos que cambian de narrativa, aunque no cambien de lógica política.
Aquí aparece un fenómeno más delicado. La llamada 4T no destruyó el viejo corporativismo sindical; simplemente lo reconfiguró. El lenguaje cambió: ahora se habla de “humanismo mexicano”, “transformación” y “justicia social”. Pero los mecanismos de control político siguen mostrando semejanzas con el viejo régimen priista. La diferencia es cosmética, no estructural. En este nuevo escenario emerge una variable interesante: la última reforma laboral y el voto universal, directo y secreto para elegir dirigencias sindicales. Paradójicamente, una herramienta inicialmente despreciada por sectores de la CNTE podría abrir oportunidades inéditas de expansión democrática. Ahí están los casos recientes de Chiapas y Zacatecas. Incluso en Guerrero, la CETEG parece comprender que la disputa ya no puede limitarse únicamente a la movilización callejera; también exige capacidad electoral sindical, construcción territorial y mayoría efectiva entre las bases. La resistencia permanente, sin crecimiento organizativo real, se convierte en ritual político.
Ese quizá sea el principal dilema histórico de la Coordinadora: haber construido una enorme capacidad de resistencia… pero una limitada capacidad de acumulación nacional. El sociólogo boliviano Ballivián lo sintetiza con precisión: el conflicto solo resulta socialmente virtuoso cuando las instituciones son capaces de procesarlo y transformarlo en nuevos consensos. De lo contrario, el desgaste prolongado termina erosionando el tejido social y agotando a sus propios actores. La CNTE enfrenta justamente ese riesgo. No el de desaparecer mañana. Sino el de seguir normalizando el estancamiento. Ningún movimiento puede vivir eternamente de su pasado heroico. Las generaciones cambian, los contextos se modifican y las formas tradicionales de lucha pierden eficacia cuando dejan de traducirse en expansión política real.
Y aquí, Oaxaca debería mirar con seriedad su propia experiencia. El MDTEO de la Sección 22 sigue siendo el principal contingente histórico de la Coordinadora, pero también enfrenta síntomas visibles de desgaste: burocratización interna, disputas de grupo, relevo generacional incierto y crecientes tensiones entre discurso radical y pragmatismo negociador. El riesgo ya no es únicamente externo. También es interno. Quizá el problema más delicado para la CNTE no sea la represión gubernamental ni la ofensiva mediática. Tal vez su verdadero desafío sea otro: atreverse finalmente a discutir con honestidad si después de 47 años sigue avanzando…o simplemente aprendió a resistir mientras retrocede lentamente. En ocasiones los movimientos no mueren cuando son derrotados. Mueren cuando convierten el estancamiento en costumbre…y la costumbre en identidad política.
