Octavio Vélez Ascencio
Comuneros de Santa Catarina Juquila se apoderaron de la oficina de Bienes Comunales como medida de presión para que el presidente Ramón Cruz González convoque a asamblea general e informe sobre el manejo de los recursos financieros y los avances en la solución de los conflictos enfrentados por esa comunidad agraria.
Un portavoz de los inconformes, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que la autoridad agraria no ha brindado información sobre el destino del dinero obtenido por la venta de una retroexcavadora propiedad de la comunidad agraria sin el conocimiento y consentimiento de la asamblea general.
“No sabemos en qué se gastó ese dinero, que es dinero de los comuneros”, asentó.
Por eso, expuso que existe mucha inconformidad en la comunidad agraria, porque ha tomado decisiones trascendentes sin consultar con la asamblea en agravio de los derechos de todos los comuneros.
“Además, ha generado una serie de conflictos internos entre comuneros y posesionarios al otorgar constancias de posesión sin que les asista el derecho”, anotó.
Subrayó que la Procuraduría Agraria (PA) ha actuado de manera omisa, pues no ha atendido la petición de los comuneros presentada desde julio pasado, donde requieren su intervención para la convocatoria de la asamblea general.
“Se han violentando flagrantemente los derechos de los comuneros, cuando en tiempo y forma se le ha solicitado”, añadió.
Destacó que la PA no puede justificarse en la pandemia del coronavirus para no intervenir, porque validó la convocatoria de la asamblea general donde fue electo Cruz González, el 26 de julio del año pasado, en plena emergencia sanitaria, cuando todavía ningún comunero se había vacunado.
“Por eso, solicitamos a la PA atienda de inmediato las peticiones de los comuneros de Santa Catarina Juquila, para evitar que siga creciendo y se originen sucesos graves que puedan lamentarse”, apuntó.
Aparte de esto, destacó que la asamblea general resulta urgente para la elección del nuevo tesorero ante el deceso de Misael Cortés, quien ocupaba ese cargo, porque el comisariado como órgano colegiado debe funcionar conjuntamente.
“Desafortunadamente, han firmado en nombre del tesorero y utilizado el sello en fechas posteriores a su defunción”, terminó.
