Las múltiples irregularidades registradas durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos han pasado inadvertidas para el Gobierno Federal.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto informó que solo recibió cinco denuncias en Oaxaca, por presuntas irregularidades cometidas durante las fases de rescate y reconstrucción.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no informó sobre sanciones impuestas. Aseguró que las denuncias fueron remitidas al Gobierno del Estado.
La administración estatal tampoco ha reportado sanciones administrativas y/o penales impuestas a los responsables de dichas irregularidades.
En las semanas posteriores a los sismos de septiembre de 2017, pobladores de comunidades oaxaqueñas afectadas denunciaron irregularidades como la clonación de tarjetas del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), en la que presuntamente estuvieron involucrados funcionarios de esta institución; además, el reparto de apoyos económicos a personas muertas o que no lo necesitaban; el reparto condicionado de la ayuda, entre otras.
La Secretaría de la Función Pública reportó que tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, se habilitó en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec) el registro de denuncias contra servidores públicos, por irregularidades, a fin de que los afectados contarán con un mecanismo de recepción y atención de sus denuncias.
Detalló que del 16 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, en total, había recibido 50 denuncias, de las cuales 16 correspondían a la Ciudad de México, 13 a Chiapas, cinco a Oaxaca, cuatro a Morelos, cuatro a Hidalgo, tres al Estado de México, dos a Puebla, dos a Guerrero y una a Michoacán.
"Con lo anterior se garantizó que la población afectada contará con un mecanismo de recepción y turno eficiente de sus denuncias", expuso, esta dependencia federal.
A un año de los sismos, no hay evidencia física ni registros públicos sobre el destino de cientos de millones de pesos, que provienen de recursos públicos y privados, destinados a la reconstrucción, de acuerdo con el informe presentado el lunes por las organizaciones civiles Fundar y Transparencia Mexicana.
Incluso, este estudio exhibió las inconsistencia del Gobierno federal respecto a las cifras de los daños causados.
Bansefi, Sedatu y la Presidencia de la República cuentan con cifras diferentes respecto a las casas que presentaron algún tipo de afectación; según este análisis.
Ambas organizaciones denunciaron que las dependencias federales involucradas en el proceso de reconstrucción de casas, escuelas, y monumentos, no han sido transparentes en el manejo de los recursos económicos.
