Por años, la movilidad eléctrica ha sido presentada como una respuesta inevitable frente a la crisis climática y la contaminación urbana. Los automóviles eléctricos, las bicicletas asistidas por batería e incluso los proyectos de vehículos nacionales son promocionados como parte de una nueva revolución tecnológica. Sin embargo, cuando el debate se traslada de los centros financieros del país a estados como Oaxaca, la pregunta deja de ser tecnológica y se vuelve profundamente social: ¿quién podrá pagar esa transición?
El Gobierno de México ha apostado parte de su discurso de innovación al proyecto Olinia, una iniciativa que busca desarrollar vehículos eléctricos nacionales de bajo costo. Las proyecciones iniciales han planteado modelos urbanos con precio estimados de 150 mil pesos, una cifra considerablemente menor que la de los vehículos eléctricos importados que actualmente dominan el mercado mexicano.
A primera vista, la propuesta parece prometedora. Un automóvil eléctrico de 150 mil pesos sería, sin duda, más accesible que modelos que actualmente superan los 400 mil pesos. Sin embargo, incluso ese escenario enfrenta una realidad económica difícil de ignorar.
El ingreso laboral promedio en México ronda los 8 mil a 9 mil pesos mensuales por trabajador, mientras que en numerosas regiones de Oaxaca los ingresos familiares se ubican por debajo de esa cifra. Para una familia que destina buena parte de sus recursos a alimentación, transporte, educación y servicios básicos, adquirir un vehículo de 100 mil pesos sigue siendo una inversión extraordinaria.
La situación se vuelve más evidente cuando se observa el mapa social del estado. Oaxaca concentra algunos de los municipios con mayores niveles de marginación del país. En numerosas comunidades de la Mixteca, la Sierra Sur, la Sierra de Flores Magón o la región Chatina, las prioridades cotidianas siguen siendo el acceso al agua potable, la conectividad carretera, la atención médica o el suministro estable de energía eléctrica.
En ese contexto, hablar de estaciones de carga rápida puede parecer una conversación adelantada varias etapas respecto a las necesidades reales de la población.
La infraestructura representa otro desafío. Aunque Oaxaca ha mejorado su conectividad con obras como la autopista Oaxaca-Costa y la autopista Oaxaca-Istmo, gran parte de la red carretera estatal continúa presentando rezagos. Existen cientos de localidades a las que todavía se accede por caminos sinuosos, con pendientes pronunciadas y servicios limitados.
La autonomía de un vehículo eléctrico puede ser suficiente para los desplazamientos urbanos en Oaxaca de Juárez, Juchitán, Tuxtepec o Salina Cruz. Pero la realidad cambia cuando se recorren trayectos de más de 200 kilómetros entre comunidades donde no existe una red pública de recarga.
Por ello, el automóvil eléctrico difícilmente puede considerarse, al menos por ahora, una solución universal para el estado.
Las bicicletas eléctricas ofrecen un panorama distinto. Con precios que oscilan entre 15 mil y 40 mil pesos, representan una alternativa más accesible para los desplazamientos urbanos y semiurbanos. En ciudades medianas como Oaxaca de Juárez, donde los trayectos suelen ser relativamente cortos, podrían convertirse en una opción eficiente para estudiantes, trabajadores y repartidores.
Sin embargo, incluso esta alternativa enfrenta limitaciones estructurales.
La mayoría de las ciudades oaxaqueñas carece de infraestructura ciclista segura. Las ciclovías son escasas, discontinuas o inexistentes. A ello se suma una cultura vial donde el automóvil continúa ocupando el centro de la planificación urbana. El resultado es que muchas personas perciben el uso cotidiano de bicicletas, eléctricas o convencionales, como una actividad de riesgo.
Existe además una contradicción de fondo. México discute vehículos eléctricos mientras mantiene rezagos significativos en materia energética. La movilidad eléctrica depende de una red eléctrica robusta y confiable. Sin electricidad suficiente, estable y accesible, la transición pierde viabilidad.
La pregunta central no es si los vehículos eléctricos son una buena tecnología. Lo son. Tampoco está en duda que las bicicletas eléctricas puedan contribuir a reducir emisiones y mejorar la movilidad urbana. El verdadero debate consiste en determinar si el país está construyendo una transición incluyente o una nueva brecha tecnológica.
Porque mientras una minoría urbana analiza qué modelo eléctrico comprar, millones de mexicanos siguen esperando condiciones básicas para desplazarse con seguridad, trabajar, estudiar o recibir atención médica.
El proyecto Olinia podría representar una oportunidad histórica si logra democratizar el acceso a la movilidad eléctrica. Pero si termina siendo únicamente un producto más para sectores medios y altos, su impacto social será limitado.
La experiencia internacional demuestra que las transiciones tecnológicas exitosas no ocurren cuando se venden más vehículos, sino cuando se construyen las condiciones para que la mayoría pueda utilizarlos. Eso implica infraestructura, energía, financiamiento, seguridad vial y reducción de desigualdades.
En Oaxaca, donde las distancias sociales suelen ser mayores que las geográficas, la movilidad eléctrica enfrenta una prueba decisiva. No basta con fabricar vehículos más modernos. El reto consiste en evitar que el futuro llegue solamente a quienes ya tienen la posibilidad de pagarlo.
