El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) atrajo por primera vez un caso relacionado con la prohibición de importar a México mercancías potencialmente fabricadas con trabajo forzoso en China, por sus implicaciones en materia de derechos humanos, comercio internacional y obligaciones laborales derivadas del T-MEC.
En una comunicación, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) que impulsó el litigio junto con Empower, afirmó que este recurso legal podría sentar un precedente clave sobre las facultades del Estado mexicano para investigar y frenar la entrada de mercancías asociadas a presuntos esquemas de explotación laboral en las cadenas globales de suministro.
Por esto, expuso que la demanda se consolida como el primer ejercicio ciudadano en México para intentar activar el mecanismo previsto en el artículo 23.6 del T-MEC, donde se obliga a los Estados Parte a prohibir la entrada de mercancías producidas mediante esquemas de explotación laboral.
Explicó que en México, el acuerdo donde se establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2023, reafirma la prohibición de importar mercancías fabricadas mediante trabajo forzoso, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el T-MEC.
De esta manera, subrayó que el caso pone bajo escrutinio a México en uno de los ejes más sensibles rumbo a la revisión del tratado, la supervisión efectiva de las importaciones y la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia laboral y de derechos humanos.
Además, destacó que cuando México incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como los establecidos en el T-MEC, viola la Constitución.
La organización dijo que una sentencia en favor de ProDESC y Empower obligaría al Estado mexicano a investigar denuncias de trabajo forzoso y el gobierno no podría esconderse detrás de requisitos administrativos para evadir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“México no puede mantenerse al margen, mientras otros países ya bloquean mercancías vinculadas al trabajo forzoso. Este caso cuestiona si el Estado mexicano está dispuesto a cumplir sus compromisos internacionales en un momento crucial, como la revisión del T-MEC”, aseguró el abogado oaxaqueño Guillermo Torres Domínguez, coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC.
