Por: Gerardo Gutiérrez Candiani
La presión de Estados Unidos sobre el Gobierno de México en torno al combate al crimen organizado, ahora con particular énfasis en la corrupción política que lo arropa, no va a reducirse por efecto de la retórica de soberanía y legalismo que contrasta con el patente deterioro de la gobernabilidad y el Estado de derecho en el país. Al contrario, apunta a aumentar.
El jefe de la DEA acaba de afirmar que la acusación contra el gobernador y otros nueve funcionarios de Sinaloa es “solo el comienzo de lo que viene para México” respecto apolíticos involucrados con el narcotráfico. Antes, Donald Trump advirtió de operaciones militares terrestres: “si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”.
No es con discursos patrióticos como podemos blindarnos contra ese riesgo capaz de poner en jaque la relación bilateral. No mientras se evite ir a fondo, y sobre todo, más arriba, contra las redes criminales que están denunciando los estadounidenses.
La hostilidad no responde solo a una postura personal deTrump: se encuadra en políticas y directrices nacionales bastante explícitas, compiladas en las dos estrategias que la Casa Blanca acaba de presentar. En ambas, nuestro país es presentado como problema principal.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 da un giro drástico: pasa de la contención a la eliminación de las organizaciones criminales y califica la crisis del fentanilocomo amenaza de seguridad nacional.
Condiciona la cooperación a resultados tangibles y medibles, y partiendo de la desconfianza, da pie a acciones unilaterales: tanto sanciones políticas y económicas como operaciones extraterritoriales, por ejemplo, para perseguir y enjuiciar a facilitadores como se hace contra grupos extremistas internacionales.
En la misma línea, la Nueva Estrategia contra el Terrorismo hace de la erradicación del narcoterrorismo –con los cárteles mexicanos como enemigos principales– la prioridad número uno, por encima de los grupos yihadistas y los de extrema izquierda.
El foco de la seguridad nacional será el continente americano y la frontera con México adquiere relevancia central. Se declara que el gobierno está listo para actuar directamente, con advertencias frontales contra “gobiernos cómplices”: “No se permitirá que ningún tipo de terrorista encuentre refugio aquí, en nuestro país, ni que nos ataque desde el extranjero”.
En cambio, de este lado no hay visos de un proceso serio para investigar a los acusados por Estados Unidos, señaladosde encabezar un narcogobierno. En otras palabras,impunidad, sin tomar en serio el reto estadounidense y los daños que estas redes delincuenciales infligen aquí, por su estela de violencia y muerte, así como la descomposición en estructuras de gobierno locales, estatales y federales.
Por lo pronto, desde Estados Unidos, el influyente columnista Andrés Oppenheimer comenta que cada vez escucha a más fuentes bien conectadas en Washington decir que si Trump sigue cayendo en las encuestas de aprobación y se prolonga el conflicto con Irán, ordenaría una acción enMéxico.
A la par, trascendió que el Departamento de Estado revisará el funcionamiento de nuestros más de 50 consulados, conposibilidad de clausurar algunos. Las tensiones no han dejado de crecer desde la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua y las solicitudes de detención, hasta ahora negadas. Entre tanto, se especula sobre acusaciones similares contra otros gobernadores y funcionarios de alto nivel.
México no debe limitarse a una posición reactiva. Deberíamos adelantarnos con nuestra propia estrategia, no solo para evitar una potencial ruptura con nuestros vecinos,sino también y más aún por nosotros mismos. Porque, efectivamente, el crimen organizado está poniendo en jaquela gobernabilidad del país, mientras expande sus actividades e impacto, más allá del narcotráfico, hacia la extorsión y la suplantación de las autoridades en muchas zonas.
Coincido con quienes consideran que la actual crisis bilateralestá vinculada con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional del sexenio pasado, que restringió la cooperacióncon Estados Unidos. Hay que revisar el marco legal para fortalecerla y elevar el nivel de coordinación.
La magnitud de este problema con raíces binacionales exige un cambio estructural profundo en ese sentido. Asimismo,tener claro que no se puede hacer mucho con fiscalías, policías y gobiernos que adolecen de carencias institucionales elementales.
En un reporte que documenta más de 3 mil masacres en México desde 2020, Causa en Común expone que no existe ningún programa ni presupuesto relevante para depurar y fortalecer a las policías y a las fiscalías. En vez de atender esos eslabones rotos, se hizo una reforma para elegir por voto popular a jueces y ministros, comprometiendo la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial.
Sobre todo, no se podrá avanzar sin intervenir en los niveles más altos de poder, en los tres órdenes de gobierno. Sin ello será imposible hacer una purga de agentes ministeriales corruptos, así como a policías y presidencias municipalescapturadas. Se precisa una acción de Estado a la altura: actuar con diligencia en el caso de los acusados por Estados Unidos y convertirlo en punto de partida para una limpia más amplia del sistema político.
Quizá es “mucho soñar”, pero por ahí se empieza. Hace falta estrategia, pero solo funcionará con voluntad política, tanto para una verdadera depuración institucional como para una cooperación más eficaz con Estados Unidos e instancias multilaterales.
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU ha propuesto la asistencia internacional ante la tragedia de más de 130 mil personas desaparecidas, con apoyo técnico y financiero para operaciones de búsqueda, identificación forense, investigaciones e incluso comisiones de verdad y justicia extraordinarias.
¿Por qué no? Estamos hablando de instrumentos pararevelar, eliminar y sancionar vínculos políticos-criminales, incluidos los llamados maxiprocesos, como se hizo en Italia contra la mafia y luego contra la 'Ndrangheta. El respaldo de la ONU puede además servir como contrapeso ante la asimetría de la relación bilateral.
Hay que insistir en que nada de eso implica perder soberanía. Al contrario: se trata de recuperar la que nos han arrebatado los delincuentes.
