A pesar de los hechos delictivos que se denuncian continuamente en redes sociales y que se registran en zonas donde se ubican antros de vicio, la expedición de licencias no considera la evaluación de áreas de seguridad pública entre las condiciones para otorgarlas.
En el capítulo 2, artículo 15, apartado 5, del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, en el municipio de Oaxaca de Juárez, dedicado a las obligaciones y prohibiciones de los comerciantes, refiere que los negocios deben contar con instalaciones higiénicas y con los dispositivos de seguridad necesarios, según el giro de que se trate.
Empero, esta seguridad en la práctica se refiere a la que prevé Protección Civil, más no consideraciones referentes al amparo de quienes acuden a ellos, especialmente a bares, restaurantes y lugares donde se expende alcohol.
En su artículo 25 BIS, define que el Presidente Municipal podrá ordenar la suspensión de actividades en fechas y horas determinadas de los establecimientos comerciales que expendan bebidas alcohólicas, cuando dichas actividades representan un riesgo manifiesto para el orden y seguridad pública, lo que no ha sucedido en antros donde se han presentado escándalos, actos vandálicos, riñas o agresiones que son denunciadas por los asistentes.
Y es que el citado reglamento, así como las condiciones que se establecen para la expedición de una licencia, no toman en cuenta a las áreas de seguridad pública de ninguno de los niveles para dictaminar en función a las condiciones de la zona, los registros delictivos, las necesidades del prestador del servicio y de los clientes, de acuerdo al giro y especialmente, para garantizar que el negocio esté protegido por personal capacitado para ello.
Según la información de la Comisión de Educación, Desarrollo Económico, Vinos y Licores del Ayuntamiento de la ciudad, las cuatro dependencias que deben intervenir para el otorgamiento de una licencia de restaurante o negocio con venta de bebidas embriagantes, son Ecología, Salud, Protección Civil y Normatividad, las cuales deben emitir un dictamen que se analiza por el cuerpo colegiado quien avala y extiende la autorización para el establecimiento.
Fuera de ello, existe un vacío legal que impide la opinión o intervención de las áreas de seguridad que imponga condiciones de seguridad a los comerciantes para evitar que se repitan actos de agresión como los suscitados y denunciados en algunas negociaciones de la capital.
