Por mandato de su asamblea general, el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, región del Istmo de Tehuantepec, renunció a la designación y certificación de las tres Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en más de 334 mil hectáreas de su territorio por surgir de una imposición de funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
En una carta dirigida a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Conanp, Alicia Bárcena Ibarra y Pedro Álvarez Icaza Longoria, la autoridad agraria informó que el entonces comisionado nacional de la Conanp, Adán Peña Fuentes presionó a los comuneros, durante una asamblea extraordinaria comunal, el 22 de julio de 2022, a aceptar la propuesta y así imponer las tres ADVC con polígonos establecidos en los parajes Cerro Azul, con una superficie de tres mil 555.33 hectáreas, La Gringa Zona Oriente, con una superficie de 107 mil 119.19 hectáreas y Tres Picos, con una superficie de 224 mil 204.38 hectáreas.
Sostuvo que la asamblea extraordinaria rechazó absolutamente la propuesta de la Conanp, aunque ese mismo día la Semarnat publicó el boletín “Se impulsa en los Chimalapas la figura de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación”.
Sin embargo, expuso que los comuneros se enteraron meses después sobre la aceptación y firma de las entonces autoridades comunales a espaldas de la asamblea comunal y violando el estatuto comunal, para recibir los certificados de ADVC.
Explicó que la asamblea comunal por estos actos destituyó a todos los miembros del Comisariado de Bienes Comunales en enero pasado.
Precisó que esta imposición de la Semarnat y la Conanp violó el derecho del pueblo indígena zoque de Santa María Chimalapa al consentimiento previo, libre e informado.
Además, detalló que la gran mayoría de las 334 mil 878 hectáreas en total de las tres ADVC se ubican en el territorio ocupado por congregaciones comunales chimas, quienes no tienen ni el más mínimo conocimiento de esta imposición sobre el territorio bajo su cuidado.
Aparte de esto, destacó que toda la porción oriente de su territorio, invadido y depredado por núcleos agrarios de origen chiapaneco, especialmente Cal y Mayor, Merceditas, Constitución y Canaán, curiosamente quedaron fuera de los polígonos impuestos para la tres ADVC, como si con ello, el gobierno federal estuviera previendo arrebatar más de 40 mil hectáreas de sus bienes comunales.
Resaltó que el pueblo indígena zoque no se opone a la conservación y protección de sus montañas y de su invaluable biodiversidad, porque si todavía existen esas montañas cubiertas de bosques y selvas, ha sido gracias a su forma de relacionarse tradicionalmente con la madre naturaleza, así como a la tenaz e histórica lucha de desde hace más de 70 años en defensa de su territorio.
Subrayó que una muestra de esa determinación constituye la decisión de autoridades y congregaciones comunales para decretar en 1991 la Reserva Ecológica Campesina de los Chimalapas, administrada por las propias comunidades y basada en ordenamientos ecológicos comunitarios, principalmente en San Francisco la Paz-La Gringa y San Antonio Nuevo Paraíso, ante la amenaza de la imposición de una Reserva de la Biósfera.
La autoridad agraria dijo que esta propuesta y determinación comunal para crear una verdadera reserva comunitaria nunca fue finalmente aceptada por el gobierno federal y con esto, pretendió imponer las tres ADVC, quedando bajo control y manejo de la Conanp y no bajo control y manejo de los pueblos chimas.
