El anonimato en la telefonía móvil en México tiene los días contados, pero el gobierno federal ha decidido otorgar un tanque de oxígeno a los millones de usuarios que aún no regularizan su situación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció una extensión en el plazo, que ahora se prolongará hasta diciembre, para que los usuarios de prepago vinculen obligatoriamente su línea telefónica a sus datos personales. La medida busca eliminar el uso de chips anónimos, una herramienta frecuentemente utilizada para cometer delitos como el fraude y la extorsión telefónica.
Hasta la fecha, el avance del padrón reporta un total de 63 millones de líneas vinculadas. De esta cifra, 40.2 millones corresponden a la modalidad de prepago y 22.8 millones a pospago; estas últimas ya se encontraban asociadas a un titular desde el momento de su contratación debido a los contratos firmados con las empresas operadoras.
Para evitar el colapso de los sistemas de atención, las autoridades diseñaron un calendario escalonado que se guiará por el último dígito del número celular, distribuyendo los vencimientos entre agosto y el último día del año.
Los usuarios cuyo número termine en 0 tendrán como fecha límite el 15 de agosto, mientras que para la terminación 1 el plazo vencerá el 31 de agosto. En septiembre corresponderá el turno a los dígitos 2 y 3, con fechas límite el 15 y el 30 de ese mes, respectivamente. Posteriormente, quienes tengan la terminación 4 deberán realizar el trámite antes del 15 de octubre, y los de la terminación 5 tendrán hasta el 31 de octubre. Hacia la recta final del año, el límite para el dígito 6 será el 15 de noviembre y para el 7 el 30 de noviembre. Finalmente, el proceso concluirá en diciembre, mes en el que los números terminados en 8 vencerán el día 15 y los terminados en 9 el 31 de diciembre.
Las consecuencias para quienes ignoren este calendario serán inmediatas. Una vez vencido el plazo asignado a cada dígito, las compañías telefónicas otorgarán un margen de 72 horas antes de proceder a la suspensión temporal del servicio. Durante el periodo de desconexión, el teléfono quedará prácticamente inhabilitado para la vida cotidiana: el usuario no podrá navegar por internet, enviar mensajes ni realizar llamadas comunes. Las únicas funciones que se mantendrán activas serán la recepción de alertas sísmicas y la posibilidad de marcar a números de emergencia, a líneas de atención ciudadana y al centro de soporte de su propia compañía telefónica para resolver el trámite. Sin embargo, las autoridades aclararon que una vez que el usuario vincule su línea, la empresa proveedora restablecerá la totalidad de los servicios de manera inmediata.
Ante el debate generado en torno a la privacidad de la información, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reiteró que el proceso de registro no lo realiza el gobierno de forma directa, sino que se lleva a cabo ante cada compañía telefónica. Las empresas privadas serán las encargadas de capturar los datos y únicamente asociarán el nombre completo y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del usuario a la línea celular, buscando así garantizar la certeza jurídica de cada línea en el país.
