Luis Ignacio Velásquez
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de las reformas a la ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca aprobadas por la 64 Legislatura, porque eliminan responsabilidades a los sujetos obligados electorales y la fiscalía estatal, informó el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
Señaló que, con las reformas ya aprobadas, se retiran responsabilidades en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personas al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), así como a la Fiscalía General del Estado (FGEO).
“Pero, además, introducen una solución muy cuestionable porque en la Ley General el plazo máximo de reserva de la información, que no puede ser rebasado por ninguna ley estatal, es de 5 años y la ley local pone 10 años para reservar la información; y, asimismo, introduce un nuevo pleno lo que deja en el aire la continuidad de los integrantes de este organismo autónomo”.
El ex presidente del INAI, manifestó que éstas nuevas disposiciones en la legislación estatal de Oaxaca preocupan a los integrantes del instituto y no saben a ciencia cierta si constitucionalmente son válidas.
“Entonces, lo que hacemos es lo que hemos hecho en muchos casos respecto a otras leyes locales por razones diversas, que es llevarla ante la Suprema Corte y decirle que resuelva en definitiva si estas disposiciones que nosotros interpretamos como probablemente inconstitucionales lo son o es lo contrario”.
Acuña Llamas comentó que el INAI ha llevado a la SCJN más de 40 leyes estatales por razones muy diversas, primero porque se hicieron todas les leyes de transparencia nuevas, cuando se hizo la Ley General de Transparencia y había que llevar a la Corte a los estados que no cumplieron, luego se aprobó la Ley de Datos Personales y posteriormente las leyes de datos de archivos.
