El vacío legal que existe en torno a la protección de los monumentos y sitios históricos, permite no solo la utilización de estos sin control alguno, sino que además no favorece la transparencia en la aplicación de los recursos que se pagan por su renta como el Ex Convento de Cuilapám de Guerrero se refiere, dijo el doctor en Urbanismo, Alejandro Calvo Camacho.
Al respecto, el especialista afirmó que el tema toral, más allá de la protección es saber si al menos las autoridades de los tres niveles están cobrando por el espacio y si el dinero que les pagan es dirigido a temas de conservación y mantenimiento, o algún otro programa que beneficie a Oaxaca y su población.
“Si bien las autoridades están considerando generar una economía local por la renta de esos espacios, deben definirse entre otras cosas, quién autoriza porque a mi juicio están involucrados los tres niveles de gobierno, por la preservación, proyección y el beneficio que ofrece a nivel local la explotación de un lugar así”, dijo.
Y están involucrados, agregó, porque al rentarlo siempre se generan daños aunque sean mínimos al espacio.
“Aquí parece que el gobernador conoce y dio autorización para este evento o bien debe investigarse quién lo hizo, porque la ciudadanía se pregunta si hay un recurso que se pagó y qué se hace con él, cuánto se cobró, a dónde se asignarán los mismos, a programas de beneficio social o de conservación”, cuestionó Cuevas Camacho.
Expuso, que la sociedad debe exigir cuentas claras al respecto, porque hasta el momento no se ve beneficio tangible por el lucro de los espacios históricos, como sucede con el Jardín Etnobotánico y la explanada de Santo Domingo, si se aplica alguna condición o o cuota por las calendas que recorren el Andador Turístico por las fastuosas bodas.
