El rostro de Teodora García ha desmejorado, sus pequeños ojos guardan una inmensa tristeza, sufre de varias dolencias por las preocupaciones que ha pasado día a día. Hace 10 años que su hijo Marcelino Mejía García fue encarcelado, acusado de un presunto homicidio.
Han pasado cerca de siete años, desde la última vez que pudo visitar a su hijo en el reclusorio de Santa Catarina Juquila. Desde entonces, ocasionalmente se comunica con él por teléfono a falta de dinero.
Su hijo Marcelino fue encarcelado un día de mayo del año 2009. Han pasado muchos años, doña Teodora dice que ya no recuerda la fecha ni el día en que sucedieron los hechos.
Encarcelado por no hablar español
“Era un día cotidiano en el trabajo, cuando mi familia se comunicó para avisarme que habían detenido a mí hermano; sin pensarlo me tuve que regresar al pueblo y ver lo que había sucedido”, recordó una de las hermanas del preso, Edith García Mejía, entrevistada vía telefónica.
El presunto homicidio ocurrió en el municipio de Santiago Pinotepa, cuando Marcelino pasaba cerca de la escena violenta; enseguida lo llevaron al Ministerio Público. Ahí, informó su abogado Gerardo Martínez, los policías lo entregaron para después torturarlo.
El joven tenía 28 años de edad cuando fue encarcelado y procesado; ahora tiene 39.
El litigante agregó que a falta del entendimiento del castellano y las torturas recibidas, Marcelino fue obligado a firmar una hoja en blanco, confesando el presunto asesinato. La supuesta declaración fue suficiente para que el juzgado Mixto de Pinotepa Nacional lo procesara y condenara a 30 años de prisión; desde entonces, permanece encerrado en el penal de Santa Catarina Juquila.
Marcelino Mejía García es un joven de apenas 28 años de edad, de estatura media, tez morena, ojos rasgados y de mirada penetrante. Ahora, a sus 39 años, luce diferente; su mirada, otrora inquebrantable, se ha doblegado.
Su sonrisa quedó en los recuerdos de hace diez años en Santa María Jicaltepec, una comunidad de la Mixteca baja perteneciente a Pinotepa Nacional, ubicada aproximadamente a 338 kilómetros al suroeste de la capital oaxaqueña.
Insuficientes intérpretes en Oaxaca
En la entidad oaxaqueña, datos del 2018 indican que sólo hay 26 intérpretes certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), quienes hablan únicamente cinco de las 15 lenguas y más de 170 variantes.
En Oaxaca existen 954 indígenas presos; 631 se habrían quedado sin intérprete durante su proceso judicial y solo 323 de ellos tuvieron uno, según información del Centro de Profesionalización Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet).
"La vida de todos cambió cuando se llevaron a mi hermano", lamenta Edith.
Marcelino Mejía García, hablante de mixteco, escasamente entendía algunas frases en castellano cuando fue encarcelado y procesado. Él y sus hermanos no pudieron estudiar, porque su padre falleció desde que eran muy pequeños. A partir de entonces, tuvieron que trabajar para el sustento de la familia.
El Estado, sin recursos para presos indígenas
Después de cuatro años en espera, finalmente el pasado 10 de diciembre le pudieron practicar los estudios psicológicos y médicos a Marcelino, conforme al Protocolo de Estambul, para determinar si hubo o no tortura en su proceso judicial.
“Los estudios se realizaron cuatro años después de que fueran ordenados por el Protocolo de Estambul, gracias a un amparo”, sostuvo Gerardo Martínez, miembro del Cepiadet y defensor de Marcelino.
Explicó: “Los cuatro años de atraso se debió a falta de recursos por parte del Estado, así como a la falta de personal capacitado. Gracias a todo ello, Marcelino lleva más de 10 años preso. Aunque la Constitución señala que una persona, más allá de su condición indígena o no, debe ser juzgado antes del año”, reiteró el abogado.
Anhelan su libertad
Gerardo Martínez espera los resultados que le fueron practicados a Marcelino, para que pueda obtener su libertad lo más pronto posible. “Por el momento esperamos los resultados, para que Marcelino pueda salir en libertad; después, ya habrá otras cuestiones que resolver con el Estado, como una indemnización y demás”, reiteró.
“Esperamos verlo pronto, ya ha pasado mucho tiempo; no entendemos mucho de derechos y eso, pero estamos seguros de que él no cometió ningún crimen. Mi madre es la más angustiada, seguido nos pregunta cuándo saldrá”, dijo Edith García, quien solloza en el teléfono, lamentando no poder ayudar a su hermano, por falta de dinero.
