En un acto simultáneo en las 32 entidades federativas, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito acusaron campañas de desprestigio en su contra y se inconformaron ante la petición generalizada de la disminución de sus sueldos.
En Oaxaca la protesta tuvo lugar en el acceso del edificio del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec y fue el magistrado del Circuito Penal y Administrativo, José Luis Legorreta Garibay el encargado de dar lectura al posicionamiento público.
"Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de seiscientos mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso", dijo el magistrado.
Para los jueces y magistrados el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
"La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino sólo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura, reconocida no solo en la propia Constitución, sino también por las Convenciones y Tratados Internacionales que el Estado Mexicano no solo ha firmado sino ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad", señalaron en un comunicado.
Advirtió que el conjunto de medidas legislativas que buscan reducir sus salarios, también incluye rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna lo que significa una intromisión indebida en contra de la judicatura por parte los otros Poderes de la Unión.
"Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como “ejercicios modernizadores”, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho", afirmó.
Legorreta Garibay exhortó que en un auténtico régimen de División de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie.
"Lo que proponemos, es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre Poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del Poder Público. El pueblo merece y exige actuar dentro del Estado de Derecho", destacó el magistrado.
