Para coadyuvar en la solución de conflictos en las comunidades y pueblos indígenas, por la explotación minera, el diputado federal Manuel García Corpus, presentará la iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de las Leyes Minera y General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Justificó que con la apertura económica al mercado internacional, el capital extranjero controla la explotación de los recursos minerales en México lo que provoca que en la actualidad más del 26 por ciento del territorio se encuentre concesionado a empresas mineras extranjeras, sin que el país se beneficie con los ingresos económicos que esto representa.
Indígenas, afectados
Agregó que ante ello y la ubicación geográfica de los recursos minerales, los más afectados son los pueblos indígenas de México dado que las empresas mineras destruyen sus territorios que ocupan por medio de concesiones o contratos leoninos firmados sin consultarles ni explicarles los usos que se les darán ni los efectos secundarios que de ello derivarán.
Lo anterior, sin dejar de lado la explotación laboral a la que someten a los trabajadores. Además subrayó el legislador federal que tan solo en 2016, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que en México hay 635 lugares contaminados por el mal manejo de residuos peligrosos y por actividades mineras.
“En el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico –del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México –, se advierte que son 103 conflictos vigentes a lo largo del país, donde Oaxaca registra siete casos”, expuso.
Consulta libre e informada
García Corpus indicó, que la iniciativa aborda cuatro aspectos: garantizar en esta materia, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada con objeto de tomar acuerdos con la autoridad y entregar una concesión minera a los pueblos indígenas para que, por lo menos, igualen la postura económica de las empresas que también compitan por la concesión.
Asimismo propone que se considere causa de nulidad de las concesiones o asignaciones mineras en territorios indígenas, la contaminación grave del hábitat y recursos naturales de dichos territorios; y, la adición del artículo 28 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que la evaluación del impacto ambiental para las actividades mineras incluya componentes como el grado de afectación que dichas obras pueden tener sobre las formas de vida los pueblos indígenas y sus comunidades.
