Las grandes ganancias que se obtienen por el usufructo de las tierras ubicadas a la orilla de la costa oaxaqueña ha provocado el despertar de ambiciones, conflictos entre comuneros, la pérdida del bien patrimonial heredado, el intento de instituir autoridades comunales paralelas y sobre todo, la alteración de áreas naturales que, en muchos casos, deben ser protegidas .
El uso irracional del suelo en estas zonas es para algunos motivo de preocupación, para otros, la esperanza de allegarse de dinero para su subsistencia y, para los menos, la oportunidad de enriquecerse con la explotación inmobiliaria y turística del territorio, aun cuando con ello se ponga en riesgo la biodiversidad que depende de estos espacios.
Santa MaríaTonameca no es la excepción y, la intención de apoderarse de parte de los terrenos que conforman las 10 mil hectáreas que quedan como patrimonio comunal, se convierte en el fantasma que pone en riesgo la estabilidad de la zona ante el relevo de sus autoridades comunales.
Zona de reserva ecológica, áreas naturales protegidas son codiciadas por personas ajenas a la comunidad. FOTO. Mario Jiménez
Desde 1970 los habitantes y propietarios de la tierra en esta demarcación cedieron parte de ellas al Gobierno Federal, mediante expropiación, para que fueran utilizadas como parte del tramo carretero federal número 200; desposeimiento que fue indemnizado hasta 2011, cuando se entregó al entonces presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Cutberto Castrejón, la cantidad de 13 millones de pesos, de los cuales, poco menos del 10% de propietarios recibieron la parte proporcional de la compensación que les correspondía.
El relevo en la autoridad comunal, desató los conflictos que derivaron en la toma de las instalaciones - en 2016- que ocupa la representación del núcleo comunal, encabezada desde un año atrás y hasta la fecha por Raúl Lucas Cruz, todo por el interés de un pequeño grupo, liderado por Romeo Ramírez Gómez, Zenén Galguera Gómez y Aureliano Gómez Pina, que pretenden desde hace mucho apoderarse de parte del territorio que debe certificarse como área de conservación.
A esta triada se suma Hilario Enzaldo Peralta y Aurelio Santos Díaz, identificados por demandar recientemente a la asamblea de comuneros de Santa María Tonameca, para exigir la devolución del último pago hecho por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se distribuyó solo entre 605 propietarios, quienes se encuentran activos en sus derechos ante el Comisariado.
El reciente conflicto se derivó del último pago depositado por la SCT a comuneros afectados por la construcción de la carretera. FOTO: Mario Jiménez
La codicia motivo de desacuerdos
“Son tres años de mucho desgaste, no es fácil defender la posesión de nuestras tierras, en especial la protección en zonas que deben ser áreas de conservación, ello ha provocado incluso la toma de nuestras instalaciones por parte del grupo disidente”, comentó Raúl Lucas Cruz, presidente de Bienes Comunales.
El intento de despojo es una amenaza que la comunidad ha enfrentado de manera continua, recuerda Lucas Cruz, tras evocar la compra que en 1996 realizara Fausto Araujo inversionista relacionado con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de 175 hectáreas de la zona de reserva federal ubicada en Tonameca, acción que frenó la entonces Secretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias.
“Lo acaparadores de terrenos, son los mismos que no repartieron los 13 millones de pesos del primer pago que se hizo a los pequeños propietarios y que solo beneficiaron a una parte de ellos, los que también tomaron nuestras oficinas y orquestaron la campaña negra en mi contra y quienes hoy nos demandaron para que devolvamos el último pago que hizo la SCT, todo porque no hemos permitido que se salgan con la suya”, denunció Raúl Lucas Cruz.
Raúl Lucas Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales en Santa María Tonameca. FOTO: Mario Jiménez
Amenaza de despojo
El problema que se avecina en este lugar, puede ser de mayores consecuencia, si al frente de la autoridad comunal no queda alguien que garantice la conservación de las 10 mil hectáreas que todavía les quedan, pues de forma lamentable el padrón de comuneros activos que es de 605, está conformado en un 80% por personas de la tercera edad.
“Además del afán por garantizar la tenencia de nuestra tierra, evitar su explotación y el abuso de políticos que están detrás de los intentos de despojo, resolver el relevo generacional en el padrón es un reto que debemos resolver antes de concluir nuestro periodo, pues es necesario que se haga consciencia de lo importante que es mantener nuestra zona litoral y conservarla como área natural protegida”, puntualizó el presidente de Bienes Comunales.
