Por Gerardo Garfias Ruiz / Colaborador
Como si fuera algo inesperado, con avisos, señales, mensajes, llaves y directas en declaraciones cada vez más tronantes tanto de la amenaza naranja como del rudo embajador del imperio en su campaña mundial por volver a ser el censor y verdugo del mundo, convirtieron a la América Latina en su campo de ensayo para perseguir, y anclar sus garras iniciando con el tristemente célebre caudillo de Venezuela y continuar con otros países entre los que sobresale nuestro México. Aunque a la fecha sus intentonas por hacer lo mismo en Irán han fracasado comparable a su derrota en los sesenta en Vietnam, han querido obligar de diversas formas a los países agrupados en la OTAN agudizando las diferencias y amenazas sobre todo para España e Italia agudizando sus acciones contra México para tratar de paliar ese fracaso encontrando las justificantes de sobra sobre todo en la terrible asociación del poder político y económico con el crimen organizado que entre otras atrocidades están envenenando a poblaciones enteras con el consumo de drogas como el fentanilo, creando nuevos multimillonarios y una complicidad, cobertura y participación de cuerpos de seguridad, militares y guardias civiles de los países sobre todo latinoamericanos.
Desde al menos la llegada en el segundo periodo de Trump al gobierno de los Estados Unidos de América, nos hemos enterado de la entrega de una lista por los funcionarios de más alto rango de ese país a los funcionarios nacionales que una y otra vez se han encargado de negar incluso desde la más alta responsabilidad ejecutiva, hasta que en las últimas semanas se fueron dando hechos que crecieron hasta entregar oficialmente una petición expresa para proceder judicialmente de acuerdo al convenio vigente de extradición entre ambos países contra 10 personas que tienen una representación popular o de gobierno de los más altos rangos en nuestro país. La reacción inmediata del gobierno ha sido al filo de la navaja entre una defensa cual abogados de oficio a los señalados y una delimitación tenue y embozada de cumplir con lo que consideran la ley en el estilo salomónico de querer quedar lo mejor posible con ambas partes que hasta ahora parece inclinarse más a una negativa a priori para proceder afirmativamente en lo solicitado por las autoridades competentes del País vecino.
Como con muchos asuntos en que son señalados y estigmatizados los actuales gobernantes y el grupo en el poder, a la afirmaciones, calificativos y argumentos de los más altos representantes, sus adeptos, miembros y simpatizantes repiten al unísono las sentencias aunque parece que no solo actúan como corifeos que más temprano que tarde se vuelven en su contra, sino que no se ve que conozcan del asunto y del contexto vigente como acaba de suceder en temas delicados y francamente deleznables cuando el área oficial quiso probar que un video exhibiendo a una persona asoleándose las piernas en un balcón de palacio nacional estaba hecho con inteligencia artificial en su dicho, o las lamentables y furiosas afirmaciones que el derrame de hidrocarburo en el golfo de México era producto de una fuga de un barco fantasma, gotas mínimas, chapopote natural y de ninguna manera de la petrolera estatal para terminar reconociéndolo sin disculparse por tantos desatinos. Ahora apelando a la falta de sustento, insuficiencias de prueba, a la falta de secrecía y como argumentan con todos los que disienten de sus posiciones, se presentan como los agraviados, como ataques de la derecha y de los neoliberales que se regocijan en el extranjero y en este caso específico tipificándole de “política” que debemos suponer que sus adversarios o están asociados con los locales o forman parte de un compló internacional contra el modelo de gobierno que afirman haber instaurado en los últimos siete años.
En el artículo 11 del convenio de extradición vigente entre nuestro país y el de Estados Unidos de Norteamérica, se establece el procedimiento y el protocolo que habrá de seguirse como en el presente caso, resaltando que la parte solicitante debe presentar el requerimiento con una breve exposición y presentar a la parte receptora en máximo sesenta días las pruebas que considere pertinentes para sustentar su petición, quedando en la parte que recibe la petición el análisis y la respuesta de acuerdo a su criterio e interés. Se establece que para la resolución a que haya lugar se debe conformar un grupo de trabajo binacional que de manera coordinada analice y sugiera el acuerdo que consideren procedente. Para que los Estados Unidos haya podido presentar el requerimiento actual fue necesario según su legislación que el fiscal norteamericano reuniera las pruebas que consideró necesarias para presentarlas a lo que denomina un gran jurado conformado por ciudadanos por sorteo que decidió después de analizar y deliberar que sí procedía presentar el recurso.
