La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió a los jueces federales conceder suspensiones para eximir temporalmente a los agentes aduanales de presentar al gobierno federal su declaración anual de evolución patrimonial, mientras se resuelven los amparos que promuevan contra esa obligación vigente desde noviembre del año pasado.
Por unanimidad, el Pleno estableció como criterio obligatorio que esa medida cautelar no procede, al considerar que el interés social en prevenir delitos de corrupción y combatir el lavado de dinero prevalece sobre el derecho a la privacidad de los agentes aduanales.
“Al resolver una suspensión, el juez debe ponderar el interés individual frente al interés colectivo en una actividad que resulta tan relevante como lo es la actividad aduanera”, dijo el ministro Arístides Guerrero García al presentar su proyecto.
La jurisprudencia de la Corte surgió de una contradicción entre tribunales federales: uno negó la suspensión al privilegiar el interés social, mientras otro la concedió al considerar que la obligación afectaba la privacidad de los agentes aduanales.
En los amparos, los agentes impugnaron la reforma publicada el 19 de noviembre de 2025 al artículo 160, fracción XII, de la Ley Aduanera, que les impuso la obligación de presentar anualmente al gobierno federal una declaración de evolución patrimonial.
Alegaron que la información requerida es minuciosa y altamente invasiva, pues abarca datos patrimoniales propios y de sus cónyuges y familiares, y sostuvieron que no son servidores públicos, sino particulares titulares de una patente, por lo que no debe aplicarles el régimen de evolución patrimonial previsto en el artículo 108 de la Constitución para los funcionarios públicos.
Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que los agentes aduanales, al ejercer una función de interés público mediante una patente otorgada por el Estado, están sujetos a responsabilidades, sin importar que no sean servidores públicos.
“En consecuencia, la sociedad está legitimada para exigir responsabilidades a toda persona que, bajo cualquier modalidad, desempeñe funciones en servicio o interés público”, señaló.
También expuso que en el país existen 861 agentes aduanales, cuya función es clave para garantizar el cumplimiento de normas aduaneras y combatir prácticas ilícitas que afectan la recaudación y la seguridad nacional. Expuso que entre enero y febrero de 2026 se realizaron 3 millones 337 mil 130 operaciones de comercio exterior, con 1 millón 639 mil 94 pedimentos: 74% de importación y 26% de exportación.
“Los actos de corrupción en las aduanas afectan la recaudación fiscal y facilitan el ingreso de mercancías ilegales, desde textiles o hidrocarburos hasta precursores químicos o fármacos, comprometiendo la seguridad del país. De ahí, la importancia de su combate permanente”, enfatizó.
