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Un teatro, defensa del mezcal: abogados

Foto(s): Cortesía
Redacción

La defensa jurídica del mezcal no debió ejecutarse por medio de una controversia constitucional sino mediante un juicio de nulidad, pues la controversia busca debatir la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ampliar la Denominación de Origen del Mezcal (DOM) y no el proceso, que es en dónde está el error, explica Ignacio Sosa Hernández, abogado oaxaqueño.


Ante ello, la abogada y académica Lucía Marroquín, asegura que la defensa jurídica que el Consejo Regulador del Mezcal ha emprendido respaldado por autoridades oaxaqueñas responde a "un teatro que no llevará a ningún lado", pues señala que no están "enfocados en mecanismos efectivos para garantizar que se revierta la ampliación del DOM".


Ayer, el CRM, con el apoyo de diputados del Congreso de Estado, legisladores del Congreso de la Unión, el Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y 200 autoridades municipales de Oaxaca, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la ampliación de la DOM por parte del IMPI.


La argumentación fue la falta de una consulta indígena hacia las entidades que producen mezcal y que ya cuentan con la DOM; además, denunciaron la carente investigación y comprobación de los elementos probatorios que presentaron las entidades interesadas en la ampliación del DOM.


Sin embargo, Sosa Hernández explica que la controversia constitucional va encaminada a acreditar la falta de competencia jurídica de una autoridad para realizar algún acto.


"En los requisitos para ampliar la DOM no se exige al IMPI consultar a las comunidades indígenas afectadas, para la oposición se plantea un periodo de objeción. No se puede atacar la competencia de una autoridad cuando la normatividad le da anuencia para realizar los actos que se reclaman", refiere.


Asimismo, abunda en que la opción debió ser el juicio de nulidad, pues el Estado de México, Aguascalientes y Morelos obtuvieron la DOM de una manera indebida.


"Si se buscaba exigir una consulta indígena la opción era el amparo directo. Los mecanismos que los dirigentes están ejerciendo no son, a todas luces, efectivos", culmina Marroquín.

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