El Congreso exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y los ayuntamientos del estado a implementar un plan integral de transparencia y rendición de cuentas, sobre el ejercicio de los recursos públicos orientados a la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Al aprobar el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, solicitó que el plan incluyan los principales planteamientos del documento denominado Contrataciones públicas en estado de emergencia; elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante las contingencias, emitido por Transparencia Internacional.
Asimismo, convocó a las dependencias que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción para que, en usos de sus atribuciones y competencia, coordinen la elaboración inmediata de dicho plan integral y verifiquen su cabal implementación a efecto de imponer las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento de las medidas que se establezcan.
El documento precisa que ante el complejo escenario mundial ocasionado por la contingencia sanitaria, tanto el gobierno de Oaxaca como los gobiernos municipales están focalizados en intensos trabajos en vías de asignar recursos financieros suficientes que les permitan enfrentar la situación en dos de sus principales dimensiones: sanitaria y económica.
Piden plan integral
Añade que de forma programática, el estado y los municipios destinan recursos para la atención de potenciales emergencias como la que enfrentamos y en función de la magnitud, es posible que se aprueben recursos adicionales.
Manifiesta que debido a que los recursos asignados para la contingencia deben ser ejecutados de manera rápida y efectiva, situaciones de esta naturaleza pueden abrir oportunidades a la arbitrariedad y a la discrecionalidad en las decisiones, dando lugar al uso indebido de recursos públicos, entre otras prácticas deshonestas.
“En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas juegan un papel preponderante en la atención al derecho de la ciudadanía a contar con información oportuna, veraz y de calidad, así como de tener la certeza sobre el origen, asignación y ejecución de los recursos públicos”.
Destaca que, por tanto, resulta necesario que tanto el Ejecutivo del estado como los ayuntamientos, en coordinación con las instancias del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción generen un plan integral, con la finalidad de brindar márgenes de certeza acerca del uso de los recursos públicos a la ciudadanía en su conjunto.
