Las y los adolescentes de 12 y menos de 18 años de edad que se encuentran en conflicto con la ley, cuentan con derechos procesales sustantivos, como la garantía a un juicio imparcial, el principio de presunción de inocencia, a ser escuchados, a la prueba, la defensa, así como a contar con un intérprete, entre otros relevantes para la adecuada impartición de justicia, informó el juez de enjuiciamiento con sede en Tanivet del Poder Judicial del Estado, licenciado Manlio Rigoberto Hernández Domínguez.
Asimismo, dijo, las y los jueces especializados en la atención de procedimientos que involucran a adolescentes, son conscientes de las diferencias físicas y psicológicas que existen entre éstos y las personas adultas; lo cual conlleva la ponderación del interés superior del menor, en la toma de decisiones, así como la garantía de la celeridad procesal y la salud privada.
“Los adolescentes requieren una forma diferente de administración de justicia, ya que su desarrollo cognitivo y psicológico es distinto al de las personas adultas. En este sentido, la medida cautelar de prisión o la prisión posterior a la sentencia, consideradas como medida extrema y excepcional, por un lapso no mayor a seis meses, no representan un castigo para los adolescentes, sino que es aplicable con finalidades socioeducativas”, afirmó.
Audiencias presenciales y virtuales
Esto, al desarrollarse el foro virtual Humanizando la Justicia: Medidas implementadas en materia de justicia para adolescentes ante la contingencia sanitaria del COVID-19, organizado por el Poder Judicial del Estado, en el que también participó el jefe del Departamento de Causas del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, Licenciado Gilguero Velasco Jiménez y la facilitadora judicial certificada en justicia penal y especializada en Justicia para Adolescentes del Centro de Justicia Alternativa (CJA), Licenciada Gabriela Rodríguez Farfán.
En su participación, Gilguero Velasco informó que desde el inicio de la contingencia sanitaria, se han llevado a cabo 47 audiencias, de las cuales 27 han sido presenciales, para casos como el desahogo de pruebas, y 20 virtuales para atender asuntos como fallos deliberatorios y lectura de sentencias, entre otros, garantizando el acceso a la justicia y la salud de las partes involucradas, así como de las y los funcionarios judiciales.
Por su parte, la facilitadora judicial Gabriela Rodríguez Farfán, reiteró que el sistema de justicia para adolescentes da la posibilidad de aplicar métodos alternos de solución de controversias, como la mediación y los procesos restaurativos, con el objetivo de privilegiar la solución de los conflictos, sin que las y los menores tengan que enfrentar un procedimiento penal, siempre y cuando no se trate de un delito que requiera de la prisión, como la violencia familiar.
