Autoridades comunales de Santa María del Mar, agencia de Juchitán de Zaragoza, llamaron esta semana al gobierno electo que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que detenga la violación a los Derechos Humanos del pueblo Ikoot.
Luego de casi nueve años de vivir en el aislamiento al que les obligó el conflicto con San Mateo del Mar, los pobladores exigen el suministro de servicios diversos a los que no han tenido acceso durante todo este tiempo, como la energía eléctrica.
Frente a medios de comunicación y en voz de su comisionado, Efraín Solano Alinarez, dieron lectura a la Carta Abierta dirigida a AMLO y a los actuales gobiernos federal y estatal, en la que además de recordarles el proceso de litigio y la disputa por mil 361 hectáreas que enfrentaron con el pueblo vecino, reclamaron a nombre de los mil 500 pobladores de ese núcleo el acceso digno a los beneficios que les corresponden.
“En víspera de la asunción de una nueva administración federal, desde hoy hacemos un urgente llamado al gobierno que encabezará el Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que atienda y dé solución a esta serie de violaciones a los derechos humanos tanto individuales como colectivos, de los más de mil 1500 pobladores que hemos vivido secuestrados”, suscriben.
Reprocharon que a lo largo de todo este tiempo, los tres gobiernos de orden estatal y dos del orden federal que han conocido el tema no hayan tenido la capacidad de solucionar la situación.
Informaron que desde el 10 marzo de 2015, cuentan con la sentencia del Tribunal Unitario Agrario que favorece a su comunidad, la que se ejecutó el pasado 19 de junio entregándoles el territorio invadido desde el año 2009 por San Mateo del Mar.
Indicaron que el asunto está totalmente concluído, así lo dicta un acuerdo signado el día 3 de julio de 2018; sin embargo, el bloqueo al que se les sigue sometiendo y la insensibilidad e incapacidad del gobierno federal y local es inhumana y criminal.
“Este no respeto y antivalores se hacen visibles y flagrantes en lo precario de la salud, en la falta de medicamentos, en el costo a los artículos de primera necesidad, en la educación y en el trabajo. No hallamos un solo argumento legal, moral o ético que dé sustento a la impune violación a nuestros más elementales derechos como pueblo originario y como ciudadanos que somos de esta múltiple nación llamada México”, manifestaron.
Agregaron, que el agravio más reciente fue el que se registró la noche entre el 10 y 11 de septiembre donde se robaron 25 copos de pesca.
“Esta serie de injusticias son un atentado a la sociedad y han tenido saldos trágicos por lo que para bien de todos esperamos terminar pronto esta pesadilla”, puntualizaron.
La carta signada por el presidente de Bienes Comunales, Eustacio Reyes Martínez y el del Consejo de Vigilancia, Saul Castillo Rivera, está dirigida también a la senadora Susana Harp Iturribarría y al nuncio apostólico Franco Coppola, apelando a su interés por el respeto a las garantías individuales y la paz de México.
