El gobierno del estado podría enfrentar consecuencias legales, luego de que a la fecha el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ha incumplido con las sentencias emitidas por jueces federales para atender los paros magisteriales.
David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, sostuvo que durante tres años han litigado en tribunales federales contra el estado de Oaxaca y ello ha derivado en tres sentencias diferentes donde el Tribunal Superior de Justicia de la Federación les ha dado la razón, pero estas siguen sin cumplirse.
Una de ellas fue el amparo concedido en 2016 a “Aprender Primero”, brazo jurídico de la organización, contra los acuerdos suscritos entre la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en febrero de 2015 y octubre de 1992.
El amparo concedido pide a las autoridades responsables “dejen insubsistentes” dichos acuerdos firmados el 28 de octubre de 1992, el 5 de noviembre de 2013, el 27 de mayo de 2014 y 10 de febrero de 2015, lo que no ha ocurrido.
Otro sentencia a favor fue concedida a favor de una niña oaxaqueña que apoyada por “Aprender Primero” interpuso un amparo contra la SEP e Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para que cesen a 60 profesores que faltaron durante 12 días a clases en junio de 2015.
La organización civil, involucrada en el tema educativo del país, sostiene que ante la huelga que se mantiene en la entidad desde el 28 de mayo, el gobierno estatal no puede evadir su responsabilidad, ser omiso y solapar el daño contra la niñez oaxaqueña.
Es muy fácil culpar a la Sección 22, es como si un policía armado permite un robo y en realidad eso es estar coludido de alguna manera.
Ahondó que en Oaxaca no se ha aplicado ningún cese porque no cuenta con un sistema confiable para registrar las asistencias, por lo que consideró necesario contar con las herramientas necesarias para registrar las faltas a partir del lunes, pues los supervisores están coludidos con el sindicato.
Por ello, solicitó al gobierno estatal garantizar que aquellos que no puedan acreditar faltas consecutivas se les inicie el proceso administrativo, tanto de retención de sueldos como para la rescisión de su contrato.
