Este miércoles 1 de septiembre entró en vigor la prohibición en México de la subcontratación laboral u “outsourcing” explicada por el gobierno federal como un acto de justicia laboral a pesar del reclamo de cámaras empresariales que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos en el país.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó que con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12% en su salario.
Publicó Alcalde: “Las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados estar inscritas en el Repse (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u obras especializadas)”.
Cabe recordar que el Gobierno federal promulgó el 24 de abril pasado la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar el outsourcing, que considera herencia del “periodo neoliberal“.
Es importante destacar que el esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos, respectivamente, siendo que de esta modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores en México.
López Obrador tachó al “outsourcing” de abusivo y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6 mil empresas de subcontratación evadían al fisco por más de 21 mil millones de pesos anuales.
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que el "outsourcing" impedía a la institución percibir 773 millones de pesos al año.
Por tal motivo, la medida del gobierno despertó choques con los empresarios, quienes en un inicio alertaron que la reforma arriesgaba millones de empleos en un momento en el que la crisis de COVID-19 había afectado más de 1 millón de puestos formales, según sus estimaciones.
Asimismo, cámaras empresariales llegaron a un acuerdo con el gobierno en abril pasado y el Congreso concedió una prórroga de un mes para la fecha límite original, el 1 de agosto pasado.
A raíz de esto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que 56% de las compañías no han podido registrarse en el REPSE, por lo que denunció que la prórroga es insuficiente ante la falta de tiempo.
“Implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal”, indicaron en un comunicado.
Pese a las críticas, la secretaria del Trabajo ha defendido que “antes de lo pronosticado, México ya recuperó los empleos perdidos por la pandemia" de COVID 19.
Por su parte, el Banco de México (Banxico) elevó el martes su pronóstico de creación de empleos formales para 2021 a un rango de 640 mil a 840 mil nuevos puestos registrados en el IMSS, frente a una proyección anterior de 370 mil a 570 mil, aproximadamente.
El BBVA difundió un análisis en el que aseveró que la “eliminación del ‘outsourcing‘ permite recuperar y superar niveles de empleo permanente previos a la pandemia“.
