A pesar de que el Código Penal de Oaxaca contempla la Interrupción Legal del Embarazo por Violación (ILEV), de diciembre de 2012 a octubre de 2017 las instituciones de salud sólo reportaron cinco abortos por esta causal.
Así lo recopiló el Grupo de Información Elegida en su informe 2018 La pieza faltante, justicia reproductiva, a presentarse hoy en la Casa de la Cultura Jurídica María Cristina Salmorán de Tamayo, localizada en la calle de J. P. García número 100, en el centro de la ciudad de Oaxaca.
El trabajo que contó con el apoyo de varios donantes individuales y fundaciones como Ford, John D. and Catherine T. MacArthur, se analiza el embarazo adolescente, la penalización del aborto, la violencia obstétrica, muerte materna y la seguridad social incompleta, cinco problemáticas de urgente atención.
Se advierte que en México al día ocurren dos nacimientos de madres de 10 a 11 años.
En 2017 fueron 390 mil niñas y adolescentes que se convirtieron en madres, pero el 48.4 por ciento no querían serlo y para 2017 el 10.09 por ciento de los embarazos adolescentes fueron producto de violencia sexual.
En ese sentido, el informe reconoce que el elevado número de embarazos tempranos no sòlo se asocia con el inicio temprano de la vida sexual o falta de información y acceso a métodos anticonceptivos, sino a las pocas oportunidades para concretar un proyecto de vida y a la violencia sexual en un contexto donde el acceso a servicios de anticoncepción de emergencia o el aborto son limitado.
La Norma 046-SS-2005 establece la obligación del personal de salud de proporcionar anticoncepción de emergencia hasta en un plazo máximo de 120 horas a la víctima de una violación sexual, pero muy pocos hospitales la proporcionan.
A nivel local, la mayoría de instituciones a las que GIRE pidió información, ninguna especificó el número de mujeres que la solicitaron, “por lo que no es posible concluir si la demanda de anticoncepción de emergencia fue atendida de manera adecuada”.
