Los reclusorios oaxaqueños mantienen encarcelados juntos a las personas con prisión preventiva y a las sentenciadas, lo que viola el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos, así lo dio a conocer el estudio "¿Qué sabemos sobre el uso de la prisión preventiva en México", del Instituto Belisario Domínguez.
Este instituto, dependiente del Senado de la República, retoma las calificaciones otorgadas a los centros penitenciarios en 2017 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la separación que debe existir entre las personas en prisión preventiva y las personas ya sentenciadas.
“Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados", señala el artículo 18 constitucional.
La CNDH pone una escala de calificación que va del cero al diez, en el que Oaxaca tuvo una calificación de cero, lo que representa un "incumplimiento absoluto" de este mandato constitucional.
"Esta calificación es preocupante pues desde el año más antiguo disponible para consulta, 2011, no se ha registrado ninguna mejoría en esta entidad", indica el estudio.
Sólo el estado de Querétaro alcanzó un nivel verdaderamente satisfactorio (ocho); mientras que otras entidades reprobadas fueron Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa.
Prisión preventiva
Por otra parte, el número de personas con prisión preventiva tuvo una ligera disminución tanto en números de personas como en distribución porcentual, al pasar de 2 mil 784 personas en marzo de 2014 a mil 962 en marzo de 2018.
En cuanto a representación porcentual, en marzo de 2014 el 63 por ciento de las personas privadas de su libertad no estaba sentenciada, mientras que en marzo del 2018, el 55 por ciento de las personas encarceladas lo estaban en prisión preventiva.
Discrepancias
El Instituto Belisario Domínguez destaca la falta de concordancia de cifras oficiales, principalmente entre la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Por ejemplo, en el 2016, el ENPOL manejaba 2 mil 226 personas encarceladas procesadas en el estado, lo que representaba el 40 por ciento del total de las personas privadas de la libertad.
Por su parte el OADPRS reconocía 2 mil 361, representando el 58 por ciento del total de la población reclusa.
