El apoderado legal de la empresa Éxito Resorts, Erick Heras, negó que exista una orden de demolición del complejo turístico Vivo Resort que está construido sobre terrenos comunales en la localidad Bajos de Chila del municipio de la costa de Oaxaca de San Pedro Mixtepec.
Además, acusó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de realizar "ataques infundados" al corporativo y amagó con retirar la inversión de más de 50 millones de dólares por estos "ataques".
El pasado 27 de febrero del año en curso, la Profepa demandó a un Juez Federal la demolición inmediata de las obras construidas sin autorización del hotel Vivo Resort y solicitó el pago de una multa de 48 millones de pesos para la empresa por haber construido sin contar con las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo.
La instancia encargada de imponer sanciones por daños al medio ambiente detalló que se aplicó a la empresa el Protocolo de Responsabilidad Penal Corporativa por daños dolosos y por descartar las medidas de seguridad ordenadas por la autoridad ambiental.
A través de un comunicado, Erick Heras – quien es ex funcionario estatal y cercano al ex procurador de Oaxaca, Sergio Santibáñez – aseguró que esta información es “dolosa, de mala fe y que se encuentra completamente fuera de contexto”.
Desarrollo turístico presuntamente construido en tierras comunales.
Respecto a la demolición de los inmuebles, dijo que este es un procedimiento legal que debe respetar la garantía de legalidad, audiencia y equidad procesal, para lo cual “se han contestado en tiempo y forma todas las pretensiones de la contraparte y que confiamos en el sistema judicial mexicano, para que se desahogue un juicio justo”.
Asimismo, informó que existen siete procedimientos administrativos de responsabilidad ambiental, que están ahora bajo la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el único que quedó firme, aseguró que ya se pagó las multa correspondiente.
El apoderado legal también negó que el complejo turístico Vivo Resort esté sobre tierras comunales, principal argumento de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para negar el cambio de uso de suelo.
De acuerdo con el comunicado oficial dada a conocer a principio de semana, la firma inmobilliaria ocasionó daños al medio ambiente en las costas de Oaxaca; además generó graves desacatos a las medidas de suspensión ordenadas para proteger el entorno.
Según la Profepa, al momento de notificar a la empresa sobre el inicio del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, se detectó que los sellos impuestos por la autoridad habían sido removidos ilegalmente, con el objetivo de continuar las obras, en pleno desacato de los mandamientos de Profepa y PGR.
Lo anterior puede constituir delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, los cuales pueden ameritar una pena de hasta 12 años de prisión en contra de los directivos que ejerzan dominio sobre las actividades ilegales.
