Desde 2001 los pueblos originarios son reconocidos a nivel constitucional en México y antes en otros documentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Así, el artículo 2 de la Constitución expresa el carácter pluricultural de la nación, el cual está sustentado en sus pueblos indígenas.
Pese a dichos reconocimientos y a los enormes aportes que tienen los pueblos indígenas en la conformación del país, siguen estando entre los grupos con altos niveles de pobreza y pobreza extrema, así como despojo de sus tierras, discriminación, desplazamiento, entre otros.
De acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal de 2015 del Inegi, 25 millones 694 mil 928 personas en México se autorreconocen como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total del país, de los cuales más de 7 millones habla alguna de las 364 variables lingüísticas reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Las desventajas con respecto a la población no indígena son claras, en promedio, la población indígena estudia 3.4 años menos que la población no indígena y 23% de quienes hablan lengua indígena son analfabetas frente a un 5.5% que presentan esta misma condición a nivel nacional.
En otras áreas como la salud, ingresos percibidos y acceso a la alimentación y servicios básicos, los datos no son menos desalentadores. De los 623 municipios indígenas del país –aquellos donde más del 40% de su población es indígena- 87.5% presentan alto y muy alto grado de marginación. Aunado a ello, sólo el 38.4% de los hogares indígenas cuentan con agua entubada al interior de sus viviendas (INEGI, 2015), lo que a su vez aumenta las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas, y ante la precariedad de los servicios de salud en las zonas más alejadas de los centros urbanos del país, la probabilidad de muerte.
Los retos del nuevo gobierno
Dentro de los pronunciamientos que se han hecho en esta materia, se conoce que la CDI será remplazada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y que junto con 132 coordinaciones regionales tendrá como función principal la consulta con los pueblos indígenas a fin de formular un plan de desarrollo integral donde queden plasmadas las necesidades de la población indígena presentes en todo el país, y a partir de allí trabajar de forma mancomunada en su implementación.
Otro de los pronunciamientos que se ha hecho al respecto y el que quizá genera mayor expectativa es la de reactivar los acuerdos de San Andrés Larráinzar que fueron ignorados en la reforma constitucional de 2001. La implementación de estos acuerdos demanda en primer lugar el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y, con ello, el respeto a sus territorios y a la conformación de gobiernos autónomos para decidir sobre sus asuntos internos. También para tener voz propia en la toma decisiones donde ellos se ven directamente afectados, así como en la configuración del nuevo modelo de país más equitativo e incluyente que propone López Obrador.
Las propuestas enunciadas hasta el momento no demuestran grandes transformaciones o ideas que no se hayan planteado antes, por lo que el verdadero reto de esta nueva administración está en su cumplimiento. Hasta la fecha, y lo demuestran las alarmantes cifras en materia de marginación y falta de acceso a servicios básicos, las promesas no han sido más que eso, promesas que han excluido al indígena de la toma de decisiones.
