La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un monto de 26 millones 151 mil 360 pesos por aclarar, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la obra de la carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el estado de Oaxaca.
Se pagó obra no ejecutada en señalización, fibra óptica y obras de drenaje por 2 millones 872 mil 500 pesos; existen diferencias entre la obra pagada y la realmente ejecutada en terracerías, pavimentos y señalización por 7 millones 789 mil 700 pesos en dos contratos de obra pública; hay diferencias entre la obra pagada y la cuantificada en proyecto en terracerías y pavimentos por 14 millones 25 mil pesos, en tres contratos de obras públicas; y pago de cantidades de cemento asfáltico mayores a las ejecutadas por 1 millón 464 mil 200 pesos.
Además, se autorizó la ejecución de la carpeta asfáltica sin que la contratista hubiera realizado, antes de la ejecución de este trabajo, el tramo de prueba con una longitud como mínimo de cuatrocientos (400) metros en un contrato de obra; y tampoco se verificó el cumplimiento del índice de perfil dentro de las 48 horas siguientes a la compactación en dos contratos de obra; en un contrato de servicios, la supervisión no realizó algunas de las actividades a su cargo, en incumplimiento de lo establecido en las especificaciones particulares.
De acuerdo al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, elaborado por el órgano fiscalizador federal, la entidad fiscalizada adjudicó un contrato de obra pública sin que resultara solvente la propuesta del licitante ganador, debido a que no se tiene constancia del registro de la cédula profesional del superintendente, que el licitante consideró en su propuesta técnica; asimismo, la entidad fiscalizada autorizó el primer día en que se iniciaron los trabajos la sustitución del superintendente, sin que contara con la preparación profesional requerida, debido a que en la página electrónica del Registro Nacional de Profesiones se tiene constancia del registro de su cédula profesional como ingeniero industrial mecánico.
En cuatro contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, la entidad fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como los supervisores fueran peritos profesionales en vías terrestres.
Asimismo, se inició la ejecución de los trabajos de los contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables, como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Señala que a la fecha de la visita (agosto 2020), dos contratos de obra continuaban en proceso de ejecución sin contar con convenios de ampliación y sin que la entidad haya aplicados sanciones y en otro se observaron deslaves y cárcavas en la carretera en los taludes tanto de los cortes como de los terraplenes.
