Por Redacción NOTICIAS
El pasado 4 de mayo quedó registrado en la memoria de los vecinos de la colonia Monte Albán como el día en que la salud pública fue desalojada por la puerta trasera. Sin previo aviso, personal administrativo irrumpió en la sucursal local de las "Farmacias Bienestar", ordenando el desalojo inmediato de médicos y pacientes en plena consulta. Horas después, los candados sellaban el inmueble de manera definitiva. La escena se repitió casi simultáneamente en Lomas de San Jacinto, Huajuapan y Miahuatlán. En total, siete de los quince centros de atención de este programa estatal desaparecieron del mapa en pocos días, obligando a miles de personas de escasos recursos a buscar alternativas en el sector privado.
El colapso de casi la mitad de la red física del programa ocurre en un escenario profundamente paradójico. Lejos de sufrir una asfixia presupuestal que justificara el recorte, el Congreso del Estado autorizó para este año una bolsa histórica de 160 millones de pesos destinada teóricamente a la inversión y continuidad del servicio. Hoy, mientras los estantes de las sucursales cerradas lucen vacíos y los usuarios reclaman la suspensión de servicios en un estado donde el 43.9% de la población carece de acceso a la salud, una densa sombra de opacidad financiera se extiende sobre los recursos públicos.
La paradoja de los 253 millones
La historia de las Farmacias Bienestar es la crónica de una curva ascendente en recursos públicos que terminó en una curva descendente en servicios comunitarios. El programa nació a finales de febrero de 2024 con un diseño inicial de 11 sucursales fijas. Para sostener el proyecto, los legisladores locales aprobaron un esquema de financiamiento que creció con rapidez. Durante su primer año de debut, en 2024, se le asignó un presupuesto modesto de 20 millones de pesos. Para el año 2025, la cifra se elevó a los 73.9 millones de pesos, culminando en la histórica inyección de 160 millones de pesos aprobada para el ejercicio de 2026, lo que suma más de 253.9 millones de pesos en tres años.
La evidente contradicción entre la opulencia de los recursos actuales y el desmantelamiento físico de las sucursales en municipios como Pochutla, Acatlán y Santa Lucía del Camino encendió las alertas políticas. A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se ha exigido formalmente a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca una revisión exhaustiva de las cuentas del programa. El objetivo legislativo es conocer el estado financiero real de la estrategia y descubrir los motivos operativos detrás de unos cierres que los ciudadanos califican como injustificados y clandestinos.
La versión oficial: De locales fijos a caravanas y veterinaria
Ante las denuncias por desabasto irregular y la falta de información en las fachadas clausuradas, el gobernador Salomón Jara Cruz defendió públicamente la medida argumentando que no se trata de un retroceso o una quiebra, sino de una reorganización estratégica coordinada con el Gobierno Federal. De acuerdo con la postura del mandatario, la decisión de retirar las siete sucursales responde de manera directa a la próxima apertura de las farmacias federales del Bienestar, las cuales aprovecharán la infraestructura de los más de 220 Bancos del Bienestar distribuidos en territorio oaxaqueño para acercar los medicamentos a la población.
El titular del Ejecutivo estatal explicó que la administración local no puede competir ni duplicar la cobertura territorial que posee la federación, por lo que el dinero público estatal se mudará de los locales fijos hacia un modelo de unidades de atención médica móviles. El gobernador detalló que estas caravanas mantendrán la cartera de servicios original que incluía análisis de laboratorio, oftalmología, odontología y consulta médica general, pero sumarán de ahora en adelante la atención veterinaria gratuita para mascotas, justificando que el cuidado de los animales domésticos representa también un eje central de la salud pública regional.
El mapa de la resistencia
Para delimitar el alcance geográfico de la nueva estrategia, la secretaria de Bienestar de Oaxaca, Vilma Martínez, oficializó el mapa de resistencia del programa y confirmó los únicos ocho puntos del estado donde las farmacias permanecerán operando de forma fija. Estas sucursales sobrevivientes se localizan en Huautla de Jiménez, Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Xoxocotlán, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Juxtlahuaca, Ejutla de Crespo en la Villa de Guerrero, Puerto Escondido y Santo Domingo Tehuantepec.
Mientras la narrativa oficial se concentra en la promesa de las caravanas móviles y la fiscalización avanza en las comisiones legislativas, el verdadero costo de esta transición ya se está cobrando en las colonias marginadas. Los testimonios de los derechohabientes coinciden en un patrón de desabasto crónico en los meses previos al cierre y una nula socialización de los cambios. Para las miles de familias afectadas en las siete regiones donde se retiró el servicio, las promesas de atención itinerante siguen siendo un concepto abstracto de calendario incierto, mientras que la realidad inmediata son los candados puestos en las rejas donde antes acudían por una consulta.
