Luis Ignacio Velásquez
Los integrantes de la 64 Legislatura del estado reformaron el artículo 138 de la Constitución estatal, a fin de considerar fraude al Estado a toda ministración de dinero que sin estar presupuestada legalmente por concepto de derechos laborales adquiridos, se otorgue a ex servidores públicos que hayan desempeñado el cargo como titulares del Poder Ejecutivo y de los municipios, de sus dependencias, así como las entidades paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público.
La iniciativa presentada por el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fredie Delfín Avendaño, señala que el objetivo de la misma es dar eficacia normativa al principio de austeridad establecido en el artículo 138 constitucional, a efecto de que toda remuneración que reciban los servidores públicos de cualquier nivel y ente del estado sea otorgada en sujeción a dicho principio, por lo que toda ministración de dinero, todo emolumento o gratificación concedida a los referidos servidores públicos ya sea por concepto de gastos de representación, sobresueldos o cualquier otro, sea establecido en el Código Penal actual como fraude al Estado, en el marco del tipo penal establecido como Uso ilícito de atribuciones y facultades.
Prevenir y sancionar
Esto con la finalidad de imponer la pena correspondiente, tanto a quien las autorice como a quien las reciba, incluyendo en este supuesto normativo a los ex servidores públicos, que bajo una partida secreta, siguen percibiendo emolumentos o privilegios sin tener derecho a ellos.
Este tipo de actos, representa una evidente corrupción que la ley debe prevenir y sancionar.
Destaca que el servicio público no debe ni puede ser visto como un medio para el enriquecimiento personal a costa del erario, sino más bien como una función estratégica del gobierno para la generación y aplicación de la política pública, ejecución de las decisiones y la administración eficiente de los recursos públicos.
“También se busca eliminar los privilegios y ministración de recursos públicos mediante partidas secretas, que sin ningún derecho perciben los ex gobernadores, ex rectores de las Universidad Benito Juárez de Oaxaca, ex magistrados y jueces, así como otros ex servidores públicos de alto rango. Hay que poner fin a las partidas secretas y privilegios que ilegalmente se otorgar a ex titulares de las dependencias públicas”.
