A cuatro años del amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que promovió Litigio Estratégico Indígena (LEI), el Congreso de la Unión no ha expedido la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada.
El presidente de esa organización civil, Carlos Morales Sánchez dio a conocer que la Segunda Sala del máximo tribunal del país, el 10 de junio de 2021, otorgó el amparo en el juicio de revisión 1144/2019 y ordenó al Poder Legislativo aprobar esa norma jurídica.
Expuso que esta resolución está estrechamente vinculada con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, donde se incorporan plenamente los derechos humanos en el marco jurídico mexicano.
Explicó que la SCJN determinó así saldar una deuda histórica con los pueblos originarios, porque instó al Congreso de la Unión a legislar específicamente sobre los mecanismos, procedimientos, actores y requisitos de la consulta previa.
Sin embargo, detalló que el Poder Legislativo no ha atendido la sentencia y su omisión constituye un incumplimiento flagrante del mandato judicial y una negación prolongada de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Subrayó que LEI ha insistido de forma constante en la ejecución de la sentencia, sin embargo, el Congreso de la Unión ha evadido su responsabilidad, amparándose en formalismos y sin mostrar avances reales hacia la creación de la ley ordenada.
Resaltó que esta inacción ha sido permitida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, porque su titular ha evitado exigir el cumplimiento estricto de la sentencia al aceptar como válidas las excusas del Congreso de la Unión, manteniendo el amparo en un estado ficticio de vías de cumplimiento.
De esta manera, destacó que los pueblos indígenas y afromexicano continúan esperando el Estado mexicano sigue sin expedir una ley para garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada, a más de 24 años de la reforma constitucional indígena, 14 años desde la reforma constitucional de derechos humanos y cuatro años del amparo de la SCJN.
Morales Sánchez dijo que la creación de esta norma jurídica no solamente es una obligación legal impuesta por el máximo tribunal del país, sino un acto de justicia largamente postergado con los pueblos indígenas y afromexicano, quienes han sido ignorados históricamente por el Estado mexicano.
