La Sección 22 del SNTE, junto con el resto de contingentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), deslindó a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Anaya, de cualquier vínculo con el movimiento democrático magisterial.
En un posicionamiento, sostuvo que la funcionaria militó en la corriente sindical Fracciones Democráticas, creada para desestabilizar, dividir y aniquilar a la CNTE, así como con el fin de hacer trabajo de zapa y traicionar al movimiento democrático magisterial.
Expuso que Ramírez Anaya usufructuó las siglas de la CNTE al negociar espacios en el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y de algunos comités ejecutivos seccionales.
Por esto, explicó que la corriente sindical Fracciones Democráticas fue expulsada de la CNTE en su Segundo Congreso Nacional en 1992.
“De esa triste historia viene la actual secretaria de educación y su antigua organización”, señaló.
Subrayó que la designación de la funcionaria ha originado una versiones mediáticas en contra del movimiento democrático magisterial, porque supuestamente ahora la SEP y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), están ahora en manos de la CNTE.
De este modo, rechazó esas versiones porque la CNTE se ajusta a su principio de independencia ideológica del gobierno, de los partidos políticos y de los charros del SNTE.
“La CNTE no tiene representación legislativa, cargo de gobierno o puesto de elección popular”, recalcó.
Ante esto, reclamó la reactivación de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo federal y la CNTE, el cumplimiento de los acuerdos signados con la CNTE, la reinstalación de todos los trabajadores de la educación cesados por luchar en defensa de la educación pública y la resolución de las incidencias administrativas y laborales en perjuicio de los derechos de los trabajadores de la educación.
Además, demandó una real profesionalización del magisterio, el financiamiento adecuado de la educación, la conducción democrática de la misma y la orientación científica y socialmente progresista, el respeto y reconocimiento a sus instancias sindicales y estructuras elegidas y justicia a sus compañeros asesinados y reprimidos, castigo a los culpables materiales e intelectuales y reparación integral de los daños, la liberación de los presos políticos, cierre de los procesos judiciales y las carpetas de investigación, entre otras cosas.
