- La medida impediría que ocupen cargos públicos
JUCHITÁN, Oax. – Bajo la premisa de que “la investidura pública no debe ser escudo para la impunidad”, la diputada Irma Pineda presentó ante el Congreso del Estado de Oaxaca una iniciativa de reforma legal para crear un Listado de Agresores Feminicidas y garantizar que ningún violentador tenga cabida en la estructura gubernamental.
Durante su intervención en la tribuna, la legisladora fue enfática al señalar que el silencio y la tolerancia institucional hacia la violencia de género deben terminar. “Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, afirmó al proponer que los servidores públicos que sean declarados culpables de violencia, en cualquier modalidad, sean dados de baja de manera inmediata.
A diferencia de las medidas actuales que se limitan a la “reeducación” o exhortos, la propuesta de la legisladora juchiteca busca implementar medidas coercitivas y económicas.
La iniciativa propone crear un registro administrado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, que integrará a quienes cuenten con sentencias firmes por violencia política, deudas alimenticias, acoso laboral o agresiones familiares.
Una vez que un servidor público sea ingresado al listado por las autoridades judiciales, laborales o electorales, la Secretaría procederá a su destitución inmediata.
La reforma busca que el derecho a una vida libre de violencia no sea solo una política pública temporal, sino una obligación del Estado elevada a rango constitucional.
Pineda Santiago rechazó los señalamientos de que el Congreso actual encubra a agresores, pero reconoció que es necesario pasar de las amonestaciones a las acciones contundentes.
“No se puede permitir que quienes ostentan un cargo público sean quienes violenten a las mujeres, aprovechando su posición para obstruir la justicia”, señaló.
Esta iniciativa se suma a esfuerzos previos, como la reciente tipificación del abuso sexual callejero en el Código Penal del Estado, reforzando la agenda legislativa que busca proteger a las oaxaqueñas tanto en el ámbito privado como en el espacio público y laboral.
La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, en espera de que Oaxaca se coloque a la vanguardia nacional en la sanción de la violencia institucional de género.
