Durante los cinco años de funcionamiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (Osfeo), el órgano autónomo realizó 496 auditorías, con un presupuesto de 507 millones de pesos, por lo que cada auditoría costó a los oaxaqueños más de un millón de pesos, señaló la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local.
En la sesión ordinaria de la 65 legislatura, donde se aprobó la creación de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca en sustitución del Osfeo, los legisladores perredistas subrayaron que a pesar ello, no se ha conocido ningún caso relevante de financiamiento de responsabilidades, derivado de las acciones de fiscalización.
“De acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene como objeto promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas o penales; sin embargo, a la fecha, de manera institucional y pública no se ha conocido de ningún caso relevante de fincamiento de responsabilidad derivado de las acciones de fiscalización realizadas por el órgano y tampoco se ha informado a este Poder Legislativo de tales acciones”.
Los legisladores del partido del sol azteca reconocieron la necesidad de fortalecer las instituciones públicas, “pero la necesidad no es urgencia porque en la urgencia si no se tiene cuidado puede generar problemas. Cambiarle el nombre a una institución no significa mejora, sacar a los amigos de los que se fueron para meter a los propios, tampoco garantiza mejores resultados”.
“Desde el grupo parlamentario del PRD decimos sí a la reforma de las instituciones públicas, pero para combatir la corrupción; sí para que se fortalezca la participación ciudadana activa, pues es a ella a quién se debe rendir cuentas y a quienes la fiscalización superior debe impactar en la mejora de su calidad de vida”.
Se pronunciaron a favor de fortalecer las instituciones para mejorar los procesos de designación de los titulares, mejorar el perfil profesional, el procedimiento para la selección, garantizar la máxima publicidad desde la convocatoria hasta la resolución de la misma; para que se atiendan a los principios de capacidad e idoneidad, que se lleve a cabo por procedimientos que garanticen la máxima publicidad y el acceso a los archivos, que sea un ejemplo del combate a la opacidad y corrupción que se desea combatir, no para convertir el órgano autónomo en apéndice del gobierno en turno.
