En reunión de evaluación sobre el avance de este modelo penal en Oaxaca, el gobernador Gabino Cué reiteró su convicción de sumarse al esfuerzo emprendido por la Federación, para fortalecer un nuevo esquema de justicia pronta y expedita, que garantice la aplicación de la Ley y el respeto a los derechos humanos.
Con la participación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Alfredo Lagunas Rivera, el gobernador precisó que este novedoso sistema de justicia penal ya se aplica en el Istmo, Mixteca, Costa, Cañada y Cuenca del Papaloapan, teniendo como meta implementar dicho sistema en las regiones faltantes al cierre del ejercicio 2016.
Reconoció que este avance ha sido posible gracias a la decidida participación de los tres poderes del estado, contando con el respaldo de la federación, cuyo apoyo ha sido fundamental para la adecuación y equipamiento de las nuevas salas de juicios orales, así como en la capacitación de jueces, ministerios públicos y defensores de oficio.
En la reunión se informó que Hacienda y Crédito Público constituyó en el Ejercicio Fiscal 2014, un fondo para la implementación del sistema de justicia penal en las 32 entidades federativas, a través de una bolsa de recursos por 5 mil millones de pesos, con la finalidad de impulsar la implementación del Sistema de Justicia Penal en todo el país y con ello acatar a cabalidad la Constitucional General de la República.
A través de este monto de recursos se avanza en la construcción de los Centros de Justicia instalados en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ixtlán de Juárez, Sola de Vega, Tanivet, Ejutla de Crespo, Putla Villa de Guerrero, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, El Espinal y Santa María Huatulco.
El equipamiento consiste en dispositivos tecnológicos de última generación que mejoran la grabación en audio y video, monitores y área especial para testigo protegido con distorsionador de voz y rostro, lo que permitirá resguardar su identidad y evitar la re victimización de ofendidos, especialmente de sectores vulnerables como son los niños y las niñas que pudieran estar involucrados en un proceso penal.
