Siete meses, siete nombres, siete silencios forzados. El periodismo en México se desangra de forma milimétrica, a razón de una vida por mes. La noche del pasado 22 de julio de 2026, la estadística criminal sumó la última letra que le faltaba a su trágica cuota de julio: Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue ejecutado en San Pablo Etla, Oaxaca. Con su muerte, el luto local se transformó en una indignación global que hoy grita desde las calles oaxaqueñas hasta las oficinas de los organismos internacionales en París y Washington.
Alejandro Leyva no era una cifra; era una firma. Su columna, El Zumbido del Moscardón, incomodaba porque hurgaba donde otros preferían mirar a un lado. Su asesinato ha desatado una tormenta de rabia contenida en un gremio que ya no sabe a quién pedirle auxilio. Frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, los periodistas locales no solo cargaron cámaras y libretas, sino pancartas con el rostro de su colega. El Colectivo Periodistas en Riesgo Oaxaca y la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) lanzaron un reclamo unánime: no aceptarán carpetas de investigación archivadas ni móviles que ignoren el peso de la palabra. Para la prensa local, este crimen es un mensaje directo para sembrar el miedo, y la respuesta ha sido clara: la verdad no se va a enterrar con Alejandro.
A nivel nacional, el diagnóstico es desolador. La oficina en México de Artículo 19 colocó el dedo en la llaga al recordar que Oaxaca es una "zona roja" para la libertad de expresión, ocupando el quinto lugar en agresiones contra la prensa. El asesinato de Leyva no es un hecho aislado, es el síntoma de una impunidad sistémica que la organización ha denunciado incansablemente.
La onda de choque cruzó el Atlántico. En un duro y tajante posicionamiento, Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó la situación actual como el reflejo de un "fracaso grave y sostenido del Estado mexicano". La indignación internacional crece al revelarse que Leyva ya había acudido a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar penalmente amenazas de funcionarios estatales. Nadie lo protegió. Llegó la bala antes que las medidas cautelares. Desde Nueva York, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se sumó a la exigencia de un plan nacional de emergencia ante una violencia que avanza sin freno.
La geografía del dolor en este 2026 se escribe con tinta de imprenta y sangre: Carlos Castro en Veracruz, Juan David Gámez en Nuevo León, Roxana Guzmán Ramírez y Luis Ángel López en las golpeadas tierras veracruzanas, Alex Serna en Guerrero, Josué Martínez en Puebla y, ahora, Alejandro Leyva en Oaxaca.
Siete periodistas asesinados en lo que va del año. Siete familias rotas. Detrás de cada uno de ellos había crónicas por contar, abusos por destapar y una sociedad que hoy se queda un poco más a oscuras. La tinta de Alejandro Leyva se ha secado, pero el eco del Moscardón sigue zumbando, exigiendo una justicia que en México siempre llega tarde, si es que llega.
