El Sexto Foro Informativo: Por la defensa del agua, el territorio y la vida, celebrado en San José Chichihualtepec, Santiago Chazumba, región de la Mixteca, exigió la cancelación inmediata de todas las concesiones mineras que amenazan los territorios de los pueblos mixteco, chocholteco, náhuatl y zapoteco de Oaxaca y Puebla, porque benefician principalmente a corporaciones nacionales y transnacionales.
De acuerdo con la Declaración hacia un Encuentro Nacional por la Defensa de los Bienes Comunes y la Autonomía de los Pueblos, en las últimas décadas los gobiernos neoliberales profundizaron un modelo económico que privilegia la acumulación privada, beneficiando a sectores empresariales por encima de los derechos de los pueblos, el cuidado de la naturaleza y el bienestar colectivo.
De este modo, las grandes corporaciones mineras, energéticas y de infraestructura han concentrado enormes riquezas y ejercen una influencia que les permite incidir en las decisiones públicas, promover marcos legales favorables a sus intereses y avanzar sobre sus territorios.
Además, este modelo extractivo se sostiene mediante estructuras de poder que favorecen el despojo, la criminalización de quienes defienden la tierra y la persistencia de una lacerante impunidad.
Independientemente de esto, en México persisten marcos jurídicos heredados de un modelo neoliberal que sigue vigente, que ha privilegiado históricamente a las industrias extractivas sobre los derechos de las comunidades.
Y con esto, la legislación minera, de aguas y ambiental otorgó durante décadas ventajas desproporcionadas a las empresas, permitiendo concesiones de muy larga duración y favoreciendo el uso preferente del territorio para actividades extractivas.
Frente a esto, el Sexto Foro Informativo: Por la defensa del agua, el territorio y la vida demandó la cancelación inmediata de todas las concesiones mineras que amenazan sus territorios y benefician principalmente a corporaciones nacionales y transnacionales; la cancelación del proyecto minero Los Lirios en el municipio de Zapotitlán Lagunas, Oaxaca, operado por la empresa australiana Stibcorp, que realiza exploración en territorio mixteco y dividir a comunidades para despojarlas.
Aparte de esto, denunció la presencia de múltiples proyectos extractivistas que roban y contaminan el agua, aire y tierra, así como exigió que el Estado mexicano garantice plenamente los derechos a la libre determinación, al territorio, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, a la seguridad y al acceso a la justicia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, conforme a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al Acuerdo de Escazú y demás instrumentos internacionales aplicables.
De la misma manera, honraron la memoria y exigieron justicia para los activistas asesinados Bety Cariño, Samir Flores, Bernardo Vásquez, Tomás Martínez, Juan José Cruz Padilla, Sergio Rivera Hernández y de quienes sembraron esperanza con su resistencia.
Igualmente, llamó a todos los pueblos, comunidades, organizaciones y personas solidarias a caminar juntos, fortaleciendo la autonomía, la libre determinación y la defensa de nuestros bienes comunes.
Así también convocó a las comunidades, organizaciones y movimientos a sumarse a la movilización el 22 de julio próximo en el Día de la Rebeldía contra la Minería y al Encuentro Nacional de Resistencias a efectuarse el 22 y 23 agosto en Tehuacán, Puebla.
