El incumplimiento en obligaciones de transparencia ya no solamente será responsabilidad de los servidores públicos a cargo de esta área, sino que sanciones administrativas podrían alcanzar a los titulares de las diferentes dependencias, señaló en entrevista para NOTICIAS el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIPO), Juan Gómez Pérez.
Y es que el diagnóstico del 2017 solamente fue para identificar las deficiencias en transparencia de las dependencias "y saber en donde podíamos ayudarles"; sin embargo para el 2019, el IAIP podrá iniciar procedimientos de responsabilidad derivado del informe del primer semestre de este año.
Semestre clave
"Evaluaremos el primer semestre del 2018 a partir del mes de agosto y, tras conocer los resultados preliminares, los entes públicos tendrán alrededor de 20 días para solventar observaciones que hayan tenido". explicó.
El comisionado refirió que será en el mes de octubre que los sujetos obligados serán notificados de irregularidades y, a partir de esa fecha, si continúan siendo omisos en sus obligaciones de transparenci, podrán ser acreedores a una sanción.
"Si no lo consiguen (solventar irregularidades) o no lo atienden se les gira un requerimiento ya no solamente a las unidades administrativas, no solamente al titular de transparencia sino a su superior jerárquico. El titular de la secretaría, de la institución"
Juan Gómez Perez detalló que en cada caso se respetarán los alcances legales de cada ente público.
"Si persiste el incumplimiento se estará haciendo de conocimiento de los órganos de control interno para que se asigne un procedimiento de responsabilidad. Dependiendo del marco jurídico a que están sujetosl, es como nos coordinaremos" dijo.
El comisionado resaltó que, tras los resultados del diagnóstico 2017, titulares de muchas dependencias solicitaron capacitación y asesoría en materia de transparencia.
Explicó que en la entidad es un reto cumplir con este derecho, pues Oaxaca cuenta con la mayor cantidad de sujetos obligados en el país.
“Tenemos 675, comparado con entidades como México que tiene la mitad o Colima o Nayarit que no alcanzan los 100 o 40 sujetos obligados. Tenemos un catálogo muy amplio que no va a dejar de crecer, y eso también hace muy difícil coordinar esfuerzos de capacitación difusión y acompañamiento técnico” expuso.
