Afuera del Palacio de Gobierno, el clamor por justicia volvió a irrumpir en el espacio público. El Consejo Indígena Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magón" (CIPO-RFM), en alianza con otras organizaciones sociales, denunció que a más de dos meses de la desaparición de Vicky Roxana López Martínez, la investigación permanece paralizada por una mezcla de corrupción, negligencia y tráfico de influencias.
La protesta, realizada este 6 de mayo, señaló directamente una cadena de omisiones que nace en la Vicefiscalía de la Mixteca y se extiende hasta la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Encubrimiento y "pistas perdidas"
Los portavoces de las organizaciones alertaron sobre un presunto esquema de protección al principal sospechoso, Dagoberto L. D., quien es sobrino del entonces presidente municipal de San Martín Itunyoso. Según los denunciantes, esta cercanía al poder político ha viciado el proceso:
- Dilación judicial: Las órdenes de aprehensión y los cateos tardaron semanas en ser autorizados, otorgando un tiempo crítico para que los responsables pudieran maniobrar o escapar.
- Gestión ineficiente: Acusaron a la titular de la Comisión de Búsqueda, Michel Julián López, de realizar operativos sin coordinación que alertaron a los implicados y de ejecutar "búsquedas estériles" en sitios previamente intervenidos.
- Simulación institucional: Señalaron que el delegado de paz, Misael Horacio Cortés, se limitó a presentarse en las diligencias para "tomarse la foto" y retirarse de inmediato sin aportar soluciones.
"La desaparición de Roxana no es un caso aislado; es el reflejo de la violencia e impunidad estructural que enfrentan las mujeres de nuestros pueblos", sentenciaron representantes del CIPO.
Desigualdad en la justicia y plan de lucha
La familia de la víctima denunció el contraste entre el discurso oficial y la realidad. Pese a las promesas del Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, el caso carece de recursos tecnológicos y personal asignado, una lentitud que —aseguran— no ocurre en eventos de mayor impacto mediático.
Aunado a la falta de avances, alertaron que la Secretaría de Seguridad Pública no ha implementado medidas de protección para los familiares, quienes actualmente enfrentan amenazas directas.
Ante la parálisis institucional, las organizaciones anunciaron que las protestas escalarán en intensidad. Exigen la sanción inmediata de los funcionarios que han entorpecido el proceso y confirmaron la instalación de un plantón permanente en las puertas del Palacio de Gobierno a partir del 18 de mayo. Finalmente, hicieron un llamado urgente a organismos de derechos humanos para vigilar la integridad de la familia de Roxana ante posibles represalias.
