La activista indígena chinanteca Reyna Felipe Jiménez obtuvo un amparo federal para que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias encaminadas a la emisión de la declaratoria de protección de la zona arqueológica El Castillo de Moctezuma, ubicada en la ciudad de Tuxtepec, región de la Cuenca del Papaloapan.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, dentro de un juicio promovido por la indígena chinanteca ante la falta de una protección jurídica específica para uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región.
El recurso legal fue diseñado, promovido y acompañado por Litigio Estratégico Indígena (LEI), con la participación y respaldo del Colegio de Abogados de Tuxtepec y de Abogados por la Paz y la Justicia.
Las tres organizaciones impulsaron la estrategia jurídica para exigir la protección formal de la zona arqueológica y garantizar así la preservación de un sitio de alto valor histórico y cultural para la Cuenca del Papaloapan.
Conforme a la resolución, las autoridades responsables deberán realizar los actos necesarios para atender la solicitud relacionada con la emisión de la declaratoria de zona arqueológica de El Castillo de Moctezuma, con el propósito de garantizar su protección y conservación.
Felipe Jiménez recurrió a la justicia federal al considerar que la omisión de las autoridades vulneraba el derecho de las comunidades indígenas a preservar y disfrutar de su patrimonio cultural.
Además, argumentó que la protección de los vestigios arqueológicos no sólo constituye una obligación del Estado mexicano en materia de conservación histórica, sino también una medida indispensable para salvaguardar la identidad y la memoria de los pueblos originarios.
El Castillo de Moctezuma, considerado como uno de los principales vestigios arqueológicos de la ciudad de Tuxtepec y de la Cuenca del Papaloapan, ha carecido durante años de una declaratoria específica que establezca mecanismos integrales de protección, conservación y manejo, a pesar de su relevancia histórica y cultural.
La resolución judicial se presenta en un momento donde las comunidades indígenas de distintas regiones del país han recurrido a los tribunales para exigir la protección de sitios arqueológicos, lugares sagrados y bienes culturales vinculados a su historia colectiva.
