La inversión de cientos de millones de dólares para Oaxaca están detenidos ante la incapacidad de las instituciones gubernamentales para resolver los conflictos derivados de la inconformidad ciudadana que carece de información certera de los proyectos y mucho menos ha sido consultada.
Según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho a la consulta debe considerar la titularidad colectiva con alcance específico a los pueblos indígenas, aplicable únicamente a medidas que puedan afectarles positiva o negativamente en sus derechos colectivos.
La norma señala que la obligación de garantizar la realización de consultas adecuadas recae en los gobiernos y no en personas o empresas privadas.
Bajo esa normatividad, los gobiernos de los tres niveles tienen la responsabilidad de consultar a las comunidades indígenas en Oaxaca respecto a las decisiones que habrán de tomarse para la proyección y en su caso, establecimiento de un proyecto cuando éste impacte directamente en las comunidades.
Detenidos proyectos millonarios
La inversión de más de 6 mil millones de dólares anunciada por la Secretaría de Energía a principios de 2017 para la construcción de 563 centrales de generación de energía verde, incluídas eólica y solar, entre las que está la de Unión Hidalgo, Oaxaca, filial de Electricite de France (EDF), se detuvo ante el reclamo de la población y la demanda de amparo colectivo interpuesto en 2017.
Este no es el único caso de protesta que se registra en la entidad y en el país; en 2017, La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de nueva cuenta fue denunciada por los sembradores de agua, conocidas como tal las 16 comunidades zapotecas que desde 1967 lucha por la defensa del vital líquido, que en su momento el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, vetara y condicionara para usarla en la agricultura.
La agrupación, así como un frente de autoridades municipales acusaron a la dependencia federal de no respetar el protocolo de consulta a las comunidades y tratar de imponer condiciones de forma unilateral.
Otro caso de los más visibles, es el del Valle de Ocotlán, denuncia dirigida también a Conagua, en la que la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), advirtió no permitir a la dependencia que encabeza en Oaxaca, Gabirel Kalid Mohamed Baez, manipular ni impedir la consulta la población para la toma decisiones que conlleven a la protección del líquido vital del cual son propietarios.
La manipulación en la ejecución de las consultas a las comunidades y pueblos indígenas, el desconocimiento, la omisión y la dilación es el tema central de las protestas, que hasta la fecha y después de cerca de 5 años o más mantienen en la inconformidad a varias comunidades oaxaqueñas, detenida la inversión y frenado el desarrollo de la entidad.
