Tras señalar que el operativo realizado por elementos de la policía estatal durante la movilización del 8M en Oaxaca fue un acto de represión y de abuso de autoridad, integrantes del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos demandaron castigo a las personas que lanzaron los gases lacrimógenos.
“Exigimos al gobernador Salomón Jara Cruz que asuma su responsabilidad frente a los indignantes actos de violencia hacia las manifestantes y a la sociedad la convocamos a sumarse a las exigencias de castigo a quienes, en un acto de abuso de poder, atentaron contra la integridad de una movilización justa y digna que reclama sus derechos”, destacaron en un posicionamiento lanzado este lunes.
El pasado sábado 8 de marzo elementos de seguridad pública lanzaron desde el techo de Palacio de Gobierno gas lacrimógeno hacia el zócalo y alameda de león en donde había cientos de participantes de la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, entre ellas niñas, niños, adolescentes y bebés.
Las autoridades justificaron esta acción bajo argumento de presencia de manifestantes con bombas molotov y fogatas encendidas en la puerta de Palacio de Gobierno y la catedral.
Durante la jornada del 8M la organización IM-Defensoras documentó que Oaxaca fue una de las 11 entidades en donde se registró represión, ataques y detenciones arbitrarias contra manifestantes.
Este lunes el GESMujer condenó la acción del gobierno del estado en contra de la manifestación feminista.
“Durante la manifestación, ante la legítima exigencia de un cese a la violencia sistemática que diariamente enfrentan las mujeres en las calles, hogares, centros de trabajo, educativos, de salud y sector económico, la respuesta gubernamental fue de una brutal represión”, indicaron.
La organización feminista calificó como indignante que el gobierno priorice la protección de edificios y monumentos a través de la colocación de vallas metálicas a manera de provocación, en lugar de salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de las mujeres y las niñas.
“Minimizar las cifras de los lamentables casos de desaparecidas y víctimas de feminicidio en el estado, es en sí mismo un acto de violencia institucional, ahora agravada con acciones de represión como única respuesta ante la incapacidad y falta de voluntad política para atender las causas de una problemática que se desborda en el estado”, destacaron.
