El Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca del Poder Judicial del Estado ordenó la liberación de cuatro militantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), encarcelados por su presunta participación en el homicidio de los activistas y defensores de derechos humanos, Alberta “Bety” Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola.
En una comunicación, suscrita con el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y las familias de las víctimas, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh) dio a conocer que los cuatro hombres Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino, fueron acusados de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación, por participar en emboscada armada en contra de una misión civil de paz en inmediaciones de San Juan Copala, el 27 de abril de 2010.
Explicó que en el ataque murieron los dos activistas por impactos de fuego de alto calibre y resultaron heridas varias personas más de la misión civil de paz.
Expuso que el Gadh, como representantes jurídicos de las víctimas, requirió en múltiples ocasiones medidas de seguridad y protección para las personas sobrevivientes, los testigos y la familia Esparza-Cariño.
"Sigue asediando a las comunidades triquis"Sin embargo, observó que todas estas medidas fueron negadas por las autoridades tanto federales como estatales, por supuestamente no existir un mecanismo de protección a testigos ni víctimas en México, a pesar de la existencia de leyes relacionadas con estos temas y con obligaciones claras.
Subrayó que la solicitud de protección para las víctimas y los testigos se hizo para garantizas condiciones mínimas de seguridad al acudir al juicio contra los asesinos, porque el “grupo paramilitar Ubisort” sigue operando con total impunidad en Oaxaca, manteniendo su poderío económico y armado prácticamente intocado.
“Sigue asediando a las comunidades triquis bajo la protección de las autoridades estatales que le ha permitido consolidar un gran poder político-territorial en la región”, remarcó.
De esta manera, subrayó que los sobrevivientes ni las víctimas no pudieron presentarse al juicio para señalar directamente a los presuntos responsables, porque todos se encuentran en una alta condición de riesgo e incluso algunos de ello, están amenazados de muerte desde hace años.
Ante esto, el Gadh dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, junto con las familias de las víctimas, para solicitar la admisión del caso.
“Nos llama la atención que a 30 días de la visita de Europarlamentarias a nuestro país para dar seguimiento al caso, se presente esta liberación”, lamentó.
Campaña mediática
A 12 años del crimen y la excarcelación de los presuntos responsables, el Gadh ha lanzado la campaña mediática “¿A quién protege el gobierno?”, que buscará sumar pronunciamientos de solidaridad a nivel nacional e internacional, para exigir #QueSeRompaElSilencio y se castigue a los responsables de este crimen.
