Por la inmensa diversidad cultural y el contexto social y político, la defensa de los derechos humanos en Oaxaca presenta múltiples desafíos debido a problemas estructurales como la discriminación, el racismo, la falta de acceso a servicios básicos, la violencia contra las mujeres, la migración, el desplazamiento forzado interno y la violencia social, aseveró ayer la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez.
Durante la presentación de su Segundo Informe de Actividades 2024-2025, realizada en el Congreso del Estado, la ombudsperson afirmó que si bien hay avances, el camino hacia la plena garantía, goce y ejercicio de los derechos humanos de todas y todos los oaxaqueños aún requiere esfuerzos sostenidos, porque aún sigue habiendo retos y desafíos complejos por enfrentar.
En presencia del gobernador Salomón Jara Cruz, de la presidenta del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez y del presidente de la Junta de Coordinación Política de la 66 Legislatura local, Benjamín Viveros Montalvo, sostuvo que aún persisten acciones y omisiones de servidores públicos estatales y municipales, quienes obstaculizan la labor de los derechos humanos ante la injustificada atención de los asuntos reclamados por las víctimas ante la DDHPO.
Además, expuso que la reiterada negativa de algunas autoridades para aceptar los mecanismos de defensa de los derechos humanos, como la no aceptación de las medidas cautelares y recomendaciones, no sólo erosiona la confianza en las instituciones, sino también hace anulatorio el respeto a los derechos humanos.
Por eso, expresó que ese órgano autónomo todavía necesita realizar diversas acciones para seguir cumpliendo el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, brindando un servicio humano y profesional a todas las personas quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
De este modo, expuso que la DDHPO continuará impulsando y promoviendo permanentemente ante las autoridades estatales y municipales, como parte del Estado mexicano, prevenir, investigar, sancionar y garantizar la reparación integral del daño ante las violaciones a los derechos humanos, para alcanzar la justicia.
Ante esto, confío que las instituciones del Estado mexicano vean al Segundo Informe como una posibilidad de generar políticas públicas alineadas al respeto de los derechos humanos y sobre todo, que las recomendaciones sean observadas como un llamado a brindar una atención digna y sin discriminación a todas las oaxaqueñas y oaxaqueños.
Además, Lara Rodríguez detalló que la DDHPO concluyó en este periodo un total tres mil 145 expedientes de queja, dos mil 528 correspondientes a las oficinas centrales y 617 al conjunto de oficinas regionales.
Mencionó que la Oficina de Regional Zona Istmo finalizó el mayor número de expedientes con 189, seguida de la Oficina Regional Zona Papaloapan con 154 y la Oficina Regional Zona Mixteca con 93.
También, destacó que el órgano autónomo hizo la dignificación de los espacios de trabajo, como la habilitación de un espacio de comedor, mantenimiento de instalaciones, mejoramiento del edificio, entre otros.
La ombudsperson también dijo que la DDHPO utilizó en su totalidad el presupuesto aprobado en 2024 de 49 millones 844 mil 391 pesos con apego a los principios de transparencia y eficiencia.
Atenderá gobierno las recomendaciones
A su vez, el gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que su administración atenderá todas las recomendaciones emitidas por la DDHPO, por estar comprometido con la promoción y el respeto al cumplimiento de las garantías individuales.
“Somos un gobierno que respeta la autonomía de todos los órganos del estado. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo y sus derechos humanos”, asentó.
