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Caso Diego Ignacio Paz: renuncia director de Seguridad de Santa Lucía

renuncia
Foto(s): Cortesía
Ana Lilia Pacheco

Poco menos de un día tardó Marcos Fredy Hernández López, director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, para presentar su renuncia después de que se diera a conocer que un oficial de la policía municipal presuntamente provocó la muerte de Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac Oaxaca.

A través de una carta que envió a Juan Carlos García Márquez, presidente municipal de Santa Lucía Del Camino, “renuncio sin coacción alguna, de forma voluntaria al puesto de Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, que venía yo desempeñando”.

Fredy Hernández estuvo al frente de la dependencia durante dos años y nueve meses, sin embargo, por los hechos ocurridos el pasado 31 de agosto, en que elementos de la policía municipal presuntamente habrían incurrido en un abuso tras haber provocado una herida de bala a un joven que le provocó la muerte.

 

 

Policías involucrados no contaban con certificaciones 

Ante los hechos ocurridos la madrugada del sábado 31 de agosto en un punto del operativo alcoholímetro en el municipio de Santa Lucía del Camino, en el que murió un joven, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz, informó que ninguno de los policías involucrados en el hecho contaba con certificaciones actualizadas.

Señaló que uno de los elementos no tenía ningún certificado, mientras que los otros tres sus últimas certificaciones eran del 2021, por lo que no estaban actualizadas, las cuales fueron emitidas por centros de control de otros años.

Barón Ortiz declaró que es un delito que una persona no tenga su certificado único policial, pero porte un arma de fuego o realice labores de seguridad pública o vial.

 

 

Durante la conferencia semanal, la titular expuso que todas las personas que laboren en materia de seguridad como agentes estatales de investigación, policía estatal, pertenezcan a una empresa de seguridad privada o hagan labores de policía vial o municipal están obligados a acudir al C3 para hacer exámenes de control y confianza.

“Si no pasan el examen de control y confianza, automáticamente ya no avanzan a la siguiente fase para formación inicial”, declaró.

Además de esto, las autoridades municipales deben registrar a sus policías en el Registro Único Policial (Rupo).

En cuanto a quienes sí están certificados, secretaria afirmó que es el 97.5 por ciento de elementos con el Certificado Único Policial (CUP) actualizado, el otro 2.5 por ciento está capacitándose para conseguirlo.

Mencionó que para la certificación es necesario que los elementos realicen la Evaluación de Control de Confianza cuyo precio es de 10 mil 561.56 pesos, por lo que los ayuntamientos no pueden cubrir esos montos para todos sus elementos. 

Al inicio de la administración estatal, la titular había informado que el 86.1 por ciento de los policías municipales de los municipios regidos por partidos políticos carecen de certificación.

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