El acceso a la justicia y a la información en lenguas indígenas constituye un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales y nacionales, aunque su garantía efectiva en México ha enfrentado múltiples desafíos estructurales y culturales, afirmó el presidente de Litigio Estratégico Indígena (LEI), Carlos Morales Sánchez.
El dirigente sostuvo que el caso reciente promovido por la activista zapoteca de la misma organización civil, María Fernanda Hernández Morales, ha abierto un debate inédito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la obligatoriedad de traducir de manera íntegra las leyes estatales a lenguas originarias, como mecanismo de protección de los derechos de las mujeres indígenas.
Expuso que el caso surgió a partir de un juicio de amparo promovido por Hernández Morales en contra el Congreso del Estado de Oaxaca, por la omisión de traducir y difundir en lenguas indígenas la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
Explicó que si bien el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado reconoció la violación a derechos fundamentales, solamente ordenó la traducción de una versión sintetizada de la Ley, una medida considerada insuficiente por la quejosa.
Por esto, precisó que la activista zapoteca requirió la revisión de la sentencia en la SCJN y de esta manera, la Segunda Sala aceptó atraer el recurso de revisión el pasado 2 de abril, sentando un paso trascendental en la agenda de los derechos de los pueblos indígenas.
Subrayó que la resolución de la SCJN podría sentar un precedente fundamental para la protección de los derechos lingüísticos y culturales de las comunidades originarias, porque obligaría al Estado mexicano a garantizar la traducción completa de las leyes, no sólo en versiones resumidas, como un componente esencial del derecho de acceso a la información y de la igualdad ante la ley.
Ante esto, destacó que la eventual resolución de este caso podría fortalecer las políticas públicas orientadas a la no discriminación, la igualdad y el acceso efectivo a la justicia con enfoque intercultural.
El también activista dijo que también establecería un precedente jurisprudencial relevante para la protección integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, quienes enfrentan múltiples formas de exclusión y violencia estructural.
