A un año de su detención, la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca demandó la excarcelación del activista del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), Fredy García Ramírez, por cumplirse el plazo para ser juzgado conforme a la Constitución Política federal.
En conferencia de prensa ofrecida con otros activistas, el portavoz del Codedi, Cristóbal Ramírez Ruiz, manifestó que su compañero fue detenido de manera violenta y arbitraria el 6 de noviembre de 2019 cuando se dirigía a una reunión convocada por funcionarios públicos, y también fue mantenido ocho horas en calidad de desaparecido, hasta ser puesto a disposición de un juzgado de garantías.
Expuso que el juzgado de garantías calificó de legal la detención y vinculó a proceso a García Ramírez, a pesar de la dilación y violaciones graves a sus derechos humanos.
Explicó que su compañero fue acusado de los delitos de lesiones con la calificativa de premeditación y ventaja, robo específico y robo con violencia por equiparación en la causa penal número 468/2019, quedando en prisión preventiva mientras el Ministerio Público integraba la carpeta de investigación correspondiente.
Ramírez Ruiz subrayó que de acuerdo al apartado B, fracción ocho del artículo 20 de la Constitución Política federal, los plazos para ser juzgado no deben prolongarse más allá de un año y en el caso su compañero, cumple un año de su detención arbitraria.
“Apenas el 20 de octubre pasado se declaró cerrado el plazo de la investigación, sin que se haya señalado fecha para llevar a cabo la audiencia intermedia, pues escudándose en la pandemia se le ha mantenido en prisión a lo largo de un año, siendo prácticamente obligado a purgar una pena anticipada por un delito que no cometió y del cual no se ha dictado una sentencia”, señaló.
Destacó que todas estas violaciones a los derechos humanos de García Ramírez se suman a una larga lista de agravios en contra del Codedi, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, constantes amenazas y hostigamientos como estrategia para acabar con la legítima labor de la organización y mermar la labor de las organizaciones y demás defensoras de derechos humanos en Oaxaca.
Frente a esto, exigió la inmediata e incondicional libertad del activista e investigación y castigo a funcionarios responsables de las graves violaciones cometidas en su contra.
Además, el vocero demandó el cese de todos los ataques y solicitó garantías para la labor de defensa de derechos humanos del Codedi y de las organizaciones y personas defensoras en Oaxaca.
